Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, asesores tutelares de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron este martes un amparo ante el juez en lo Contencioso Administrativo Aurelio Ammirato para que “se ordene el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”. El día anterior se había negado desde el Ministerio de Educación de la Ciudad la aplicación del cuestionado instructivo contra las tomas de establecimientos, pese a que había sido enviado a las escuelas desde una dirección de mails oficial de la cartera educativa.
Luego de que el gobierno porteño anunciara una polémica reforma educativa que propone que los alumnos de quinto año de todas las escuelas de la ciudad realicen pasantías no remuneradas en empresas durante su cursada de quinto año, comenzó un movimiento de debate y movilización entre los estudiantes, que incluyó diversas ocupaciones de colegios. Las autoridades de tres colegios (Mariano Acosta, Julio Cortázar y Manuel Belgrano) presentaron sendas denuncias penales contra los estudiantes y en dos de ellas se cita al cuestionado “instructivo” enviado desde Educación.
El “Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” nació a instancias del actual candidato a senador bonaerense Estaban Bullrich en 2012, cuando fungía como ministro de Educación porteño, e instaba a las autoridades educativas a realizar denuncias penales en caso de toma de colegios. La iniciativa fue inmediatamente suspendida por orden judicial.
El amparo presentado por los asesores tutelares ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 3 de la Ciudad, a cargo de Aurelio Ammirato, reafirma “el derecho a la libre expresión y a ser oído de los/las adolescentes que concurren a las Escuelas del Nivel Medio de gestión estatal del GCBA” y pide al juez el cese en la aplicación del instructivo “que fuera dejado sin efecto” por la Justicia. También proponen la elaboración de un “protocolo de actuación especial para las situaciones de protesta estudiantil”.
Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, desmintió a principios de septiembre la existencia cualquier tipo de instructivo o protocolo contra las tomas y negó que haya sido enviado por ninguna autoridad de su cartera. Si ese fuera el caso, plantea Moreno en diálogo con Página 12, “lo primero que tendrían que haber hecho desde el Ministerio es mandar una circular a todas las escuelas para notificar a los directivos de que no apliquen el protocolo. Eso no lo hicieron”. Por esto es que el asesor tutelar afirma que Acuña “tendría que llamar a los directivos de las escuelas que presentaron las denuncias para preguntarles por qué tomaron el instructivo, y averiguar de dónde lo sacaron”. Pero no se siguió ese camino ni se presentó alguna denuncia o pedido de investigación acerca de un posible hackeo, ya que existen constancias del envío del material desde una cuenta oficial.
López Oliva, por su parte, concluye: “Nadie tiene más poder que la ministra para terminar con la confusión e investigar de dónde salieron esos mails. No hay que criminalizar la protesta de los estudiantes”.
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