Este martes un grupo de ex mandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado de apoyo al ex presidente argentino Mauricio Macri, en el marco de las acusaciones por el envío ilegal de material bélico a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, denunciando una “criminalización de los liderazgos democráticos” en la región.
Replicando un relato que niega el golpe contra Evo Morales, manifestaron: “Tras un proceso de sucesión constitucional avalado y reconocido por la Organización de los Estados Americanos, la ONU, la Unión Europea, China y Rusia, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, sus nuevas autoridades revierten la narrativa, acusan a los medios de comunicación independientes, persiguen a quienes evitaron que el señalado incidente no comprometiese la viabilidad democrática boliviana, y ahora se judicializan los expedientes que aseguraron dicha transición”.
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Firman el comunicado, titulado “Declaración sobre la criminalización de los liderazgos democráticos”, 18 ex mandatarios de España y América: Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana, (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Panamá), Álvaro Uribe Vélez (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
El texto afirma que “se intenta manipular” el caso del envío de armamento a Bolivia para perseguir al ex presidente Macri. Y añade que los “adversarios de la izquierda antidemocrática” de la Argentina han marcado al ex presidente como su “objetivo”, iniciándole causas judiciales “sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas”. “Bajo la dirección del actual gobernante argentino adquiere su plena significación la guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas; por lo que se hace imperativo hacerle un llamado a la Administración de Justicia, a los jueces y fiscales, al objeto de que no se olviden que en sus manos reposa en última instancia el destino de las libertades democráticas”, remarca el documento.
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Los ex presidentes manifiestan su preocupación respecto del supuesto “proceso de secuestro del lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas” de la región, con el objetivo de “vaciar de contenidos a la experiencia de la democracia prosternando sus elementos esenciales, usando de estos para alcanzar el poder y sostenerlo a contravía de la alternabilidad en su ejercicio y así, mediante formas constitucionales, desmantelar el Estado de Derecho y las mismas garantías democráticas de los derechos humanos”. En ese sentido, plantean que se encuentra en curso una “guerra híbrida o guerra jurídica” que forma parte del lawfare implementado por la izquierda antidemocrática para “criminalizar a las oposiciones que de modo auténtico defienden los valores de la democracia y la libertad”.
