Las políticas de género no están exentas de las recientes discusiones sobre la aprobación del presupuesto 2023. Entre las cuestiones que se presentan, aparecen las disputas sobre los recortes como así también la apropiación del instrumento de planificación que ordena el gasto público.
Si hay algo que el feminismo tiene presente en cada manifestación y reivindicación, es la lucha contante por el presupuesto. Entiende que discutir la inversión pública en la igualdad de género es de relevancia técnica y política.
Año tras año se ponen sobre la mesa distintas cuestiones para su aprobación: las intenciones y prioridades de cada gestión, la desigualdad de género en el marco de las políticas públicas, los recursos que cuenta el Estado, la administración de dichas políticas, entre otras.
El presupuesto con perspectiva de género monitorea qué áreas se definen como problema y cuántos recursos disponen las políticas que contribuyen a cerrar las brechas de género. Si el programa Acompañar del Ministerio de Mujeres —que otorga apoyo psicológico y asistencia financiera a víctimas de violencia de género— busca asistir a 106.176 personas, la cantidad de dinero tiene que ser coherente con tal fin.
Este año, el presupuesto aprobado para políticas de género para el 2023, presenta un panorama desalentador con una caída real de 10,3% respecto del año anterior. Esto se ve reflejado en la reducción en el dinero asignado a muchas políticas que abordan la desigualdad de género, como son los gastos derivados del cumplimiento de la Ley Brisa, el derecho a la reparación económica para menores de 21 años víctimas de violencia de género, y el Programa Acompañar. En ese marco, las dimensiones que mayor caída presentan son las de Violencia de Género y Sensibilización y Capacitación en género.
Ante esto, ya se predice que el movimiento feminista tendrá que levantarse y dar batalla.
