El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que implica una profunda desregulación de la economía, propone un «plan de estabilización de shock», deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, ingresó este viernes al Senado de la Nación.
El instrumento anunciado por el jefe de Estado el 20 de diciembre a través de la cadena oficial de radio y televisión deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
Esa comisión está integrada por 16 legisladores (ocho diputados y ocho senadores) que deberán firmar dictamen.
Si la Bicameral no se reuniera en un plazo de diez días hábiles, el pleno de cada Cámara está habilitado a debatirlo.
El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi, ex diputado mendocino, recién llegado al Gobierno. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15, aunque existía la posibilidad de que lo hiciera por cualquiera de las dos mesas de entrada.
Según confirmaron cerca del ministro coordinador, fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo. “Esto es una notificación al Congreso sobre el DNU publicado hace diez días. No era posible introducir cambios”, aclararon en la Jefatura.
La decisión de avanzar con el envío del DNU tiene otra relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar “de oficio” el decreto. Fue un gesto institucional en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.
A partir de este viernes rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre, empiece a debatir el documento y, eventualmente, obtenga dictamen. Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios.
