Como en tiempos del tristemente célebre padre Julio César Grassi, en la última semana la Fundación Felices los Niños (FFN) volvió a estar en el centro de la noticia. Después de que a principios del mes de junio la provincia de Buenos Aires decidiera el inicio de una “intervención liquidadora” de la institución, Juan Manuel Casolati, su director desde 2015, afirmó que tras la decisión se escondían oscuros intereses vinculados a operaciones inmobiliarias.
La FFN fue creada en 1993 por iniciativa de Grassi con el aporte estatal de 5 millones de pesos y la donación de 65 hectáreas, gracias a su amistad con el entonces ministro Domingo Cavallo. En su mejor momento la FFN llegó a tener 400 empleados, a beneficiar a más de 6 mil menores en 52 obras a lo largo del país y a manejar un ingreso mensual millonario con aportes públicos y privados.
En el año 2000 se le inicia a Grassi una nueva causa por denuncias de abusos (había tenido otra en 1991) y en 2001 Monseñor Justo Laguna lo destituye de su cargo de presidente, preservándolo como “director espiritual”. En 2002 nuevas denuncias de abuso explotan en los medios y finalmente se le prohíbe al sacerdote el contacto con los menores. En 2009 se produce la primera condena a 15 años por abuso sexual y corrupción agravada de menores.
En septiembre de 2013 Grassi queda finalmente detenido en la Unidad Penitenciaria 41 de Campana. Al año siguiente una investigación periodística muestra el desvío de dinero y mercaderías de la FFN hacia el penal en el que Grassi vive a cuerpo de rey y continúa dirigiendo los destinos de la Fundación. Entonces, el escándalo obliga al gobierno de Daniel Scioli a separar de su cargo al director del penal, Raúl Garnica, y a intervenir la obra de Grassi, acéfala desde 2009. Juan Manuel Casolati es primero designado como interventor y ya en 2015 confirmado por Scioli como director de la institución.
Antes de hacerse cargo de la FFN, Casolati fue Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General del partido de San Martín. Como tal, denunció reiteradamente las infrahumanas condiciones de detención en las unidades penales del distrito, querelló a las autoridades provinciales y redactó informes lapidarios contra la corrupción y brutalidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En julio de 2014, Casolati motoriza una nueva denuncia contra Grassi ante la Fiscalía número 8 de Morón por el robo de la comida de los niños y las donaciones de la Fundación, causa que hace algunos meses concluyó con otra condena de dos años que se suma a la anterior. Al momento de la intervención, la FFN presentaba un pasivo de más de 100 millones de pesos.
Refundación de la Fundación
Recuerda Casolati: “Cuando llegué, los chicos estaban en condiciones de absoluta indignidad. No tenían vidrios en las habitaciones, llovía más adentro que afuera, no tenían agua caliente, los baños estaban destruidos, comían comida vencida, había más de treinta y cinco basurales en el predio, animales muertos…». El saneamiento debió ser tanto material como financiero. En este último aspecto, se optó por prescindir de los aportantes privados y gestionar una subvención provincial y cerrar varias de las iniciativas de la Fundación en distintos puntos del país, que en algunos casos no eran más que un “sello de goma” para gestionar fondos.
Hace pocos meses, hasta TN reconocía el cambio. En un artículo de abril, Miriam Lewin plantea: “En el hogar convivencial, unos cincuenta chicos -que están bajo estricta supervisión y protección judicial- duermen en las camas reparadas por la restablecida carpintería y se preparan para desayunar con las facturas que produce la panadería reabierta. Las instalaciones se ven mejor, los senderos bien cuidados y decorados con plantas que pronto producirá el vivero que hasta hace poco era un pastizal”.
Sin embargo, a principios de junio la dirección provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia encabezado por Gustavo Ferrari, confirmó una nueva intervención del organismo y designó a tres “interventores liquidadores” para evaluar la situación patrimonial por un plazo de 180 días que luego declararán “finalizada su existencia como tal”.
La propia gobernadora María Eugenia Vidal explicó este miércoles: “La fundación es parte de 685 fundaciones que vienen siendo auditadas por el Gobierno de la provincia desde el mes de junio del año pasado. Son fundaciones que presentan irregularidades, que no han presentado una adecuada rendición de los fondos que reciben del Estado. Felices los Niños es una más que fue auditada y fue intimada en el mes de septiembre. En el mes de noviembre se comprometió a un plazo de regularización que no cumplió. Recibe un millón y medio de pesos por mes del gobierno de la provincia y desde el año 2008 que no ha presentado balances y no ha podido justificar cómo gasta los recursos que recibe de la provincia”.
Concretamente, se le exigió a la FFN la presentación de los balances anuales entre 2008 y 2014, una exigencia prácticamente incumplible gracias al desmanejo de la gestión Grassi, según afirma Casolati, y se la acusa de “falta de cumplimiento del objeto para el que fue creada”, planteo desmentido tajantemente por sus directivos que destacan que la FFN hoy atiende a más de 1.500 niños y adolescentes en sus distintos espacios y que tiene un hogar donde viven 52 niños (incluyendo uno de meses con HIV), escuela primaria, secundaria, terciario, jardín de infantes, jardín maternal y una escuela especial, además de los talleres y numerosas actividades abiertas a la comunidad. “Es el mejor hogar de la provincia y hace 6 meses que nos nos pagan”, afirmó Casolati.
Intereses inmobiliarios, protestas y procesamientos
Además de denunciar las intenciones “espurias” de funcionarios “ineptos y malintencionados” como Ferrari y Pilar Molina (secretaria bonaerense de Niñez y Adolescencia a quien acaba de denunciar por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, desfinanciamiento de la FFN y abandono de persona”), Casolati acusa a los medios de contribuir a la operación. Como ejemplo, toma la nota publicada por Clarín hace algunos días que lo acusa de estar sospechado de “falencias administrativas” y afirma que “no permitió que personal del gobierno ingresaran a la fundación para realizar controles y verificaciones”.
Por todo esto, Casolati convocó a familiares y amigos de la FFN a concentrarse en la mañana de este jueves frente a la sede Hurlingham, en avenida Gorriti 3520, y a cortar el Camino del Buen Ayre. El corte, con la participación de unas 100 personas fue finalmente despejado por la Policía Local de Morón. Según Clarín, el informe policial consigna: “Cuando se decide intervenir, Casolati comienza a proliferar palabras soeces a los uniformados al tiempo que instiga y forma parte de agresiones físicas infundadas e ilegitimas”. Por ello, el director de la FFN es detenido bajo los cargos de instigación a cometer delitos, interrupción de medios de transporte y atentado a la autoridad. Finalmente, este viernes el juez de Garantías Ricardo Fraga lo dejó en libertad al comprobar que no tenía antecedentes.
Casolati denuncia que uno de los intereses que explican la injustificada liquidación de la FFN tiene que ver con intereses inmobiliarios sobre las 65 hectáreas de Hurlingham. En el mismo sentido se pronuncia Franco Lindon, vicedirector del Hogar convivencial de la Fundación: “Es un lugar con muy buena ubicación y siempre se rumoreó que iban a hacer un barrio privado. Yo no sé si ahora quieren hacer eso, pero puedo asegurar que están haciendo todo para ahogarnos como fundación y que dejemos de existir”.
Por su parte, la denunciada Pilar Molina, desmiente tajantemente estas acusaciones: “Es un planteo disparatado. El predio es del Estado nacional, cedido en comodato a Felices los Niños, con una dedicación a políticas sociales. Allí funciona un hogar donde viven 52 niños con derechos vulnerados y diez escuelas, cuyos docentes cobran el sueldo de manera directa desde la provincia. La Dirección General de Cultura y Educación ratificó la continuidad de las escuelas, que se queden tranquilas las familias de la comunidad educativa”.
En un discurso que remeda las incumplidas promesas electorales de Mauricio Macri afirma también que “ningún chico va a perder sus prestaciones”. Habrá que ver si el año próximo las escuelas siguen funcionando en el predio de la Fundación liquidada o si veremos en su lugar a un nuevo y lujoso barrio privado.
