Entre 2009 y 2014, cuando la empresa estaba en manos de Angelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri, y en plena gestión kirchnerista, se habrían producido transacciones «sospechosas».
Tres jueces federales recibirán en las próximas horas los aportes a las causas que investigan el soterramiento del Sarmiento, los Panamá Papers y las irregularidades en la obra pública durante la era kirchnerista, que hasta ahora tiene como principal apuntado al empresario Lázaro Báez. La información forma parte de las presentaciones que hará el diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade.
La información fue adelantada por Perfil, quien explica que el legislador pide que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado a US$ 14 millones, a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.
En su acusación, Tailhade involucra a Pía Calcaterra, que en ese momento era la administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos y hoy es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, el organismo del Estado que tiene que investigar el lavado de activos.
