Mientras la Secretaría de Trabajo de la Nación resiste y prepara su recurso extraordinario ante la Corte Suprema para no convalidar a Luis Barrionuevo al frente de la UTHGRA, la trama judicial detrás de la orden que intentó imponer al gastronómico revela irregularidades de alto impacto institucional.
Lejos de tratarse de un simple trámite administrativo demorado, la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó otorgar una certificación provisoria a la lista de Barrionuevo quedó al borde de caerse por completo: la oposición interna (la Lista Gris/Naranja) denunció procesalmente la nulidad absoluta del fallo, recusó a todos los camaristas intervinientes por parcialidad manifiesta y denunció que se violaron los reglamentos básicos de la Justicia con un único fin: sacar una sentencia exprés antes de que las partes pudieran apartar a jueces con un largo historial de resoluciones a la medida de Barrionuevo.
De acuerdo con la presentación judicial impulsada por los apoderados opositores, los camaristas dictaron el fallo antes de tiempo y privando a las partes del derecho de defensa al no esperar el plazo impuesto por el reglamento para la Justicia Nacional para formular recusaciones de los Jueces intervinientes y alteraron el orden establecido para la votación.
Ya que la integración notificada establecía que votarían los jueces Carlos Pose y Marina Pisacco, interviniendo Gabriela Vázquez únicamente en caso de disidencia y, de manera insólita, el fallo fue firmado por Pisacco y Vázquez sin que Pose emitiera voto alguno ni existiera justificación formal en el expediente que explicara su ausencia. Es decir, se saltearon a un juez y metieron por la ventana a una camarista que reglamentariamente no debía votar.
El apuro de los jueces por fallar antes de que venciera el plazo no fue casualidad. La oposición tenía lista la recusación con causa debido al evidente favoritismo de la Sala VI hacia la conducción de Barrionuevo. A saber:
Carlos Pose: Ya había emitido opinión y fallado a favor del oficialismo de Barrionuevo en causas conexas anteriores (como la 32.645/2025), desestimando planteos de fondo de la oposición y habilitando a la junta electoral afín al dirigente a fijar comicios a discreción.
Gabriela Vázquez: En un expediente paralelo de la misma disputa gremial (causa “Sasprizza”), la propia jueza se había excusado formalmente por haber prejuzgado e intervenido previamente. No obstante, apenas cuatro meses después, cambió mágicamente de opinión en este expediente sin dar una sola explicación sobre por qué se le disipó el impedimento legal, violentando el deber de fundamentación de los fallos.
Marina Pisacco: Exhibió una sospechosa «doble vara»: mientras resolvió a velocidad récord y con fallos favorables dos cautelares para bendecir a los dirigentes barrionuevistas, frenó deliberadamente los recursos que la oposición presentó para que el Superior Tribunal de Justicia revise la validez de los comicios en discusión y dictó una medida innovativa concediendo el mando gremial y patrimonial de más de 350.000 afiliados, pretendiendo consumar de hecho lo que la Justicia todavía tiene bajo seria discusión de fondo.
