La Jueza Federal María Romilda Servini impulsa una causa que investiga a la segunda candidata a Senadora en la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos y actual titular de ACUMAR, Gladys Gonzalez, por presuntas irregularidades en su paso como interventora judicial en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Servini y el fiscal sospechan que la funcionaria pudo haber incurrido en administración fraudulenta del sindicato en el que fue designada como interventora el 18 de febrero de 2016.
También se requiere saber si la postulante bonaerense cobró dos salarios (como diputada y como interventora) y si fue la responsable de “formalizar, instrumentar y ejecutar negocios personales o a favor de terceros” en perjuicio del SOMU y de sus afiliados.
La información que se desprende del expediente indica a su vez que González contrató a personal para el gremio con salarios estrafalarios. Los haberes de su plantel de trabajadores, según lo que la propia interventora informó a Rodolfo Canicoba Corral que la designó, ascendían a $1.674.470 mensuales. Sin contar, según el caso, las cargas sociales correspondientes, lo que llevaría a que superen los $2.000.000 mensuales.
Asimismo se pide investigar un contrato celebrado por Gonzalez con la empresa Amnel, a quien se le encomendó la realización de obras por $ 671.000 en el hotel del SOMU en la localidad de Villa Gesell, un contrato con la empresa Seicar Servicios de Limpieza S.A. por un año para el inmueble del SOMU (sin compulsa de precios), y un contrato con Security Empresariales SRL por $ 183.000 (sin IVA), por un año (hasta septiembre de 2017) para brindar servicios de seguridad.
