Con problemas para conseguir financiamiento del sector empresario por su bandera anticorrupción, el PRO diseñó un esquema en el que algunos dirigentes aportan entre 750 y 2.500 pesos por mes, debitado de su tarjeta de crédito, y que ahora «se hará extensivo a todos los ministerios y para cualquier particular que quiera aportar». Desde la oposición señalan que en realidad podría ser una maniobra para blanquear los aportes.
El sistema funciona solo con tarjetas de crédito personales -no permite las corporativas porque la normativa vigente lo prohíbe-, está conectado con la base del Veraz y contempla el débito mensual del aporte. Lo recolectado está dirigido a engrosar la cuenta del partido a nivel nacional, y en los últimos días los funcionarios nacionales recibieron con más énfasis la invitación a contribuir con el proyecto oficial.
Hasta el momento, son sólo 80 los funcionarios que aportan, en el marco de la ley 26.215 de partidos políticos, presentando su CUIL y en «forma voluntaria», aunque el partido desiste de impulsar una campaña masiva para que los votantes también lo hagan «porque eso no está instalado en nuestra cultura política y no funcionaría».
