La justicia jujeña finalmente hizo lugar al planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de Milagro Sala, cuyo plazo de cumplimiento había vencido el viernes anterior a las elecciones PASO. Si bien el planteo del organismo internacional planteaba en primer lugar la liberación de la líder social, el juez juez de Control N° 3, Gastón Mercau (que fue uno de los que dictó su prisión preventiva) decidió otorgar la prisión domiciliaria pero a un domicilio que los abogados de Sala denuncian como «inhabitable».
«El juzgado de control ha dispuesto trasladar el lugar de cumplimiento de la prision preventiva de la señora Sala a la propiedad ubicada en dique La Ciénaga», confirmó Mercau, pero la defensa de Sala plantea que este domicilio se encuentra en condiciones que lo tornan inhabitables (no tiene agua ni sanitarios, fue vandalizado y le faltan hasta puertas y ventanas), por lo que proponían que se la traslade a otro domicilio de Sala en el barrio Cuyaya, a tres kilómetros del centro de San Salvador de Jujuy.
Elízabeth Gómez Alcorta, abogada de la dirigente jujeña, denunció: «La justicia de Morales dispuso la domiciliaria de Milagro en una casa que no habitaba, que no tiene luz, agua, ni sanitarios. Persecución». El juez Mercau, que hace algunos días había ordenado inspecciones a los dos domicilios de Sala, reconoció que en el que decidió elegir «se tienen que acondicionar el inmueble, faltan algunos elementos».
La resolución judicial, que aún no se ha dado a conocer formalmente, establece además que en su nuevo domicilio Sala podrá estar con sus familiares, pero tendrá las visitas restringidas. Podrá recibir hasta siete personas a la vez y tendrán que retirarse 20 horas.
Aún falta el pronunciamiento del segundo juez, Pablo Pullen Llermanos (otro de los que dictó la prisión domiciliaria para Sala), para que la resolución acerca de la prisión domiciliaria se vuelva efectiva. La defensa de la líder de la Tupac Amaru presentará un escrito exigiendo se efectivice este mismo miércoles el traslado por considerar que en la cárcel de Alto Comedero no se encuentran garantizadas su seguridad ni su integridad física.
