Tras el escándalo que significó el recorte que realizó el Gobierno este año a pensiones por invalidez, que la propia ministra de Desarrollo Social calificó de «error administrativo», el Ejecutivo decidió apelar el fallo judicial que lo obligaba a restablecer los subsidios para discapacitados.
La medida contó con el aval de la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, quien otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.
Desde la organización denominada Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI), establecieron que “la apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19). Esto nos deja sin tutela judicial efectiva y esperamos que llegue a la Cámara de manera urgente, porque se está dilatando el envío”.
Esta situación judicial perjudica a las personas a las que el Estado les ha quitado pensiones en 2016 (90 mil exactamente, da cuenta la cartera que conduce Stanley) ya que, según denuncia la Fundación Soberanía Sanitaria, no fueron repuestas. Además, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
