El allanamiento de este lunes sobre la comunidad mapuche de Cushamen, que involucró a más de 300 efectivos de diversas fuerzas de seguridad, finalmente no obtuvo ninguna pista del paradero de Santiago Maldonado. La mujer que había sido detenida por presunta resistencia a la autoridad fue liberada en horas de la tarde. El juez no dejó presenciar el procedimiento al hermano de Santiago y a representantes de organismos de derechos humanos.
Más de 300 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Grupos Especiales como el GEOF, buzos, canes, drones y dos helicópteros fueron utilizados para garantizar el allanamiento ordenado por el juez federal Guido Otranto sobre las tierras de la comunidad mapuche. Tanto los allanamientos a las viviendas mapuche, como el rastrillaje sobre el río Chubut (el juez persiste en la hipótesis de que Santiago puede haberse ahogado) y la búsqueda con perros para descartar la posibilidad de que el joven artesano desaparecido hace ya 50 días hubiera podido ser enterrado clandestinamente en el territorio mapuche, no pudieron aportar ningún dato que permita que avance la investigación.
El ingreso de los centenares de efectivos al Pu Lof se produjo alrededor de las 6 de la mañana, momento en que dos de los habitantes de la comunidad (uno de ellos era Matías Santana, quien testificó que vio con sus largavistas cómo la Gendarmería cargó a Santiago en un vehículo) fueron reducidos y debieron permanecer con sus manos precintadas más de 12 horas. Alrededor de las 10 fue detenida Elizabeth Loncopan por resistirse a identificarse. Fue liberada recién en horas de la tarde.
Santana testimonió que además de los hechos de violencia policial que sufrieron las tres personas que se encontraban en la comunidad, que el juez Otranto permitió estando presente y a la vista de los hechos, el magistrado además parecía operar a las órdenes de los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Relató Santana: “En un momento veo a alguien que parecía un funcionario y le pregunto si no podía hacer algo, ya llevaba muchas horas con las manos atadas, y me dice que no podía dar esa orden. ¿Pero usted no es del Ministerio?, le digo. Y se fue”. El funcionario de la cartera de Patricia Bullrich era Gonzalo Cané.
Mientras avanzaba el allanamiento, en la tranquera de acceso al predio se juntaba gente que solicitaba el ingreso para asistir a los detenidos y presenciar el operativo, entre ellos algunos integrantes de la Pu Lof como Soraya Maicoño (también testigo en la causa), representantes de organismos de DDHH y el propio hermano de Santiago, que ya había denunciado públicamente que el operativo era «una payasada mediática», increpó al juez Otranto: “Vos decís que mi hermano se ahogó y hacés un allanamiento 40 días después”.
Julio Saquero, integrante de la APDH de Esquel, resumió: “Seguimos con el protocolo famoso que se usa cuando se va a buscar a alguien, cuando se va a buscar un chico extraviado. En el fin de semana se le ocurrió que se ahogó y bueno, es el razonamiento por lo absurdo. Pero es un razonamiento lleno de autoritarismo que no busca ninguna respuesta. Todavía necesitamos una respuesta, ¿dónde está Santiago? El autoritarismo de Estado te lleva a un crimen político. Esto es un crimen político, tener durante 48 días a una persona desaparecida es criminal y cuando se trata del Estado, es una desaparición forzada.
