Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) allanó oficinas de la Municipalidad de Santa Fe en el marco de una investigación por los llamados “Corral Papers” (por José Corral, el intendente). A partir de la filtración de documentos de la computadora del secretario de Desarrollo Social municipal, Carlos Medrano, se abrió una causa por millonarios desvíos de fondos hacia empleados municipales, punteros y hasta barras bravas.
El allanamiento se realizó por disposición del fiscal Roberto Apullán, quien lleva la investigación por los llamados “Corral Papers”. En horas del mediodía de este martes los efectivos policiales ingresaron a la Municipalidad, requirieron documentación, en particular del área de Contrataciones, y se entrevistaron con funcionarios de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social.
La causa tiene su origen en una denuncia de un consorcio de periodistas santafecinos que llevó adelante una investigación sobre irregularidades en el programa “Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo” a partir de la filtración de documentos archivados en la computadora de Carlos Medrano. En esos documentos se puede verificar un desvío de fondos por más de 210 millones de pesos a través de giros de la Municipalidad destinados a empleados del municipio, punteros (incluso algunos con antecedentes penales) e incluso conocidos barras bravas de la ciudad.
El informe explica: “Entre 2013 y 2017 el intendente de la ciudad, José Corral, amplió el presupuesto destinado al área en un 285 por ciento: pasó de 24 millones de pesos a más de 94 millones. Llamativamente, el flujo de dinero aumenta en años electorales. De 2014 a 2015 se dio el mayor salto porcentual en la inversión en el programa: un incrementó del 75 por ciento, pasando de 33.944.339,99 pesos en 2014 a 59.516.687,01 en el año de su reelección”. Corral, además de intendente de la Ciudad de Santa Fe es el titular nacional de la Unión Cívica Radical y se trabaja sobre la hipótesis de que podía haber utilizado estos desvíos irregulares de fondos para construir y fortalecer una red de punteros a su servicio.
Desde el municipio apenas confirmaron a la prensa que se trató de un “requerimiento de información presupuestaria”. Andrea Valsagna, secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico, afirmó además que la denuncia judicial sobre las presuntas irregularidades “fue radicada por un concejal del kirchnerismo”, Juan Carlos Cesoni, quien aprovechó el informe periodístico.
Cesoni, por su parte, consideró que “si se decide allanar la municipalidad es porque han encontrado elementos suficientes para sospechar”. Añadió que ya se había requerido la información que se buscó en el allanamiento al intendente y que se llegó a la instancia judicial “por la negativa del Ejecutivo de comparecer la figura de Medrano en el Concejo”. “Esperamos que esto sirva para que el intendente entienda que no son palos en la rueda sino cuidar la institucionalidad”, concluyó.
