La fiscal general Gabriela Boquín denunció que el Correo Argentino se niega a permitirle acceso a los libros contables de la empresa, desconociendo su legitimidad, y que la jueza a cargo de la investigación derivada de su denuncia sobre la maniobra que pretendía condonar casi la totalidad de la millonaria deuda de la empresa de la familia Macri con el Estado ahora pretende asignar el peritaje contable a las mismas sindicaturas que previamente intentaron obstaculizarlo.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fue la responsable de hacer público, en febrero de este año, la maniobra por la que el Ministerio de Comunicaciones, entonces encabezado por Oscar Aguad, pretendía condonar una deuda de 70 mil millones de pesos del Correo Argentino con el Estado, escándalo que terminó con la famosa promesa presidencial de “volver todo a fojas cero”. Más allá de la anulación de la cuestionada condonación del 99% de la deuda del Correo, no se ha hecho un nuevo plan de pago para que la empresa salde su deuda actual de 4 mil millones de pesos. Meses después la fiscal volvió a denunciar que la empresa de la familia Macri estaba retirando masivamente fondos del Correo para operaciones de Socma y Sideco, contra las disposiciones vigentes, en un claro intento de vaciamiento.
Operaciones similares de transferencia de fondos a otras empresas del grupo Macri también se constataron en 2016, muchas de ellas con la autorización directa de la jueza Marta Ciruli, quien aprobó 5 retiros por 10 millones de pesos en claro “perjuicio de las cuentas del concurso”. La fiscal corroboró parte de esos fondos se utilizaron para pagar sueldos, cargas sociales y gastos varios de Sideco S.A, controlada por Socma S.A. Ahora Boquin también denuncia que la jueza le ha entregado la pericia contable sobre los libros del Correo precisamente a las mismas sindicaturas que favorecieron a la empresa en informes anteriores y que están imputadas penalmente por ello.
Por esto, la fiscal solicitó una nueva pericia sobre los libros por considerar que hay “irregularidades en cuanto a su composición, poca claridad sobre la necesidad o no de retirar fondos para afrontar gastos operativos, realidad o certeza de los mismos, la ausencia de actividad empresarial, el supuesto aporte de los socios de la deudora y actos posiblemente ineficaces”. Sin embargo, la empresa se niega a abrir su contabilidad alegando que la fiscalía no tiene potestad para solicitar esa pericia. “Pretender desconocerle a la fiscalía poder de actuación para lograr efectividad en las misiones y deberes funcionales que se le asignaron, implica un retroceso institucional inadmisible y contraría la ley con la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas en mis anteriores dictámenes”, concluyó Boquin.
