El juez Julián Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó por presuntas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración General; a la vez que dispuso que se le trabe un embargo por 7 millones de pesos.
Junto con la procuradora general, Ercolini dispuso el procesamiento de otros cuatro imputados, por supuesta «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» por la compra de del inmueble ubicado en la calle Juan Domingo Perón 667, en la que tiene su cede la Procuración, y por el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.
Conocido el llamado a indagatoria, Gils Carbó minimizó las acusaciones y las vinculó a la intencionalidad política por parte del gobierno de Mauricio Macri para removerla de su cargo. A su vez, el estudio jurídico que encabeza León Arslanian, a cargo de la defensa de la procuradora general de la Nación, afirmó que su clienta fue procesada por «un delito imaginario» y que «genera suspicacia».
«No nos sorprende porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando», remarcaron los abogados de Gils Carbó, quienes aseguraron que ella, autorizó «la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales».
