Senadores nacionales recibieron a especialistas para comenzar el análisis del proyecto de ley de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación
Para comenzar su tratamiento, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado invitó a diferentes exponentes para que brinden su opinión respecto al proyecto. El primer turno fue para el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, quien afirmó que “en líneas generales compartimos el proyecto que se ha presentado” y consideró que “el Senado enfoca una ley que para nosotros es muy importante” ya que se trata de “cambios necesarios para poder avanzar hacia el sistema adversarial”.
Seguido, se refirió a la “acumulación de poder muy fuerte que encabeza el Ministerio Público en su conjunto y el procurador general como su jefe” y recordó que “esto ha llevado a que sectores y organismos vinculados a organismos de derechos humanos consideren que debe tener controles”. ”El proyecto genera estos mecanismos de control”, afirmó. “El procurador tiene que tener un plazo, un mandato” como ya sucede en los países de la región, prosiguió el funcionario para luego resaltar que “cuando el proceso de designación y remoción del procurador se da en un período de cinco años renovable por dos años más requiere de mayorías más ágiles”.
El proyecto limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, establece que su designación será realizada por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros, y habilita a que el mismo Ejecutivo lo remueva de su cargo por decreto con una decisión fundada.
El fiscal Raul Pleé, uno de los que suena para reempalzar a Alejandra Gils Carbo, impulsado por el macrismo, expresó estar “de acuerdo con el centro esencial de las modificaciones de este proyecto pero creo que se queda a mitad de camino”.
“La institución del Ministerio Público no queda ni debilitada ni afectada por este proyecto de ley y creo que cambia algunas cosas que son necesarias”, agregó.
En tanto, que el sindicalista Piumato expresó su acuerdo “en mantener el examen escrito porque da un piso de transparencia”. Por último, sostuvo que “siempre insistimos que tenía que volverse a poner en la ley la obligación de que las cuentas del Ministerio Público Fiscal sean auditadas por la Auditoría General de la Nación”.
