La Oficina Anticorrupción anticipó que le pedirá a los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren que aclaren su participación en las sociedades off shore recientemente detectadas en los llamados Paradise Papers para constatar si existió alguna violación a la Ley de ética pública.
El organismo presidido por Laura Alonso le enviaría este mismo viernes requerimientos de aclaración sobre su participación en las empresas radicadas en paraísos fiscales a los ministros de Finanzas y de Energía de la Nación para que expliquen sus roles en las compañías off shore y confirmen si estas actividades fueron incluidas correctamente en sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales, ya que hay un anexo reservado de las mismas al que la OA no puede acceder. Por este mismo motivo, Alonso también requerirá al ministro de Justicia Germán Garavano una autorización especial para acceder a esa información.
Según la información difundida en los llamados Paradise Papers -la nueva investigación sobre sociedades en paraísos fiscales difundida hace días por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung-, Caputo fue administrador de dos compañías off shore radicadas en las Islas Caimán y Delaware, jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales, mientras que Aranguren integró el directorio de otras dos sociedades mientras era CEO de la petrolera Shell: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited. Una de estas empresas estaba vinculada a la provisión de gasoil para América latina y curiosamente luego de la asunción de Aranguren en Energía Shell ganó múltiples licitaciones para proveer este combustible.
En el caso de Aranguren, el senador Pino Solanas ya radicó una denuncia penal por considerar que los datos vinculados con esta participación no estuvieron correctamente incluidos en sus declaraciones juradas, lo que implicaría una violación de la Ley de Etica pública, que en su artículo 12 obliga a los funcionarios a declarar sus antecedentes laborales. En el caso del ministro de Energía también está en curso otra denuncia por el mismo motivo, ya que en la ley se establece también que debe mediar un plazo de tres años como mínimo entre el ejercicio de la pública y de la privada, cuando puedan intervenir en cuestiones relacionadas con personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados previamente o tengan participación societaria en empresas sobre las que deben resolver como funcionarios, requisito que no se cumpliría en el caso de Aranguren, que fue CEO de Shell hasta poco antes de asumir como ministro y mantuvo su participación accionaria hasta después de ejercer el cargo de ministro.
Caputo, por su parte, aseguró haber renunciado a la administración de las sociedades Noctua y Alto Global Fund antes de asumir como ministro y desmintió haber tenido relaciones directas desde esas sociedades con fondos buitre que hayan litigado contra el país. Caputo también tiene en su haber otras denuncias por conflictos de intereses, ya que en el 2016 fue denunciado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (Ufises) por aprobar un giro de 500 millones de Anses al Fondo de inversiones Axis, una compañía de su propiedad.
