El alto costo político que tuvo que afrontar el Gobierno al impulsar modificaciones a los haberes jubilatorios obligó a postergar el debate por la reforma laboral para el mes de marzo, tal como señalan fuentes oficiales.
El proyecto que impulsa el oficialismo cuenta con el respaldo de la CGT pero con severas críticas de la oposición y de varios gremios. En este escenario, el Gobierno imagina múltiples protestas en la calle, similares a las que existieron cuando se trató la reforma previsional, y se ve oblogado a aceitar acuerdos con el PJ no kirchnerista para no sufrir sobresaltos en la sanción.
«El gobierno elevó una serie de iniciativas, todas a la baja. Son todas perdidas de derecho y no hay garantías para los trabajadores», sostuvo el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, consultado por los cambios que el Ejecutivo pretende sancionar. En este sentido, consideró que «uno de los peores aspectos de la reforma es la destrucción de la irrenunciabilidad de derechos» y lamentó que en este contexto el Ministerio de Trabajo es «propatronal».
«Antes había un equilibrio de control en el Ministerio de Trabajo que tendía a equilibrar en el mejor de los casos. Hoy hay un Ministerio propatronal», aseveró en diálogo con radio Con Vos, al tiempo que insistió que la cartera y el sector patronal «son lo mismo».
Acerca de esta tema, el presidente Mauricio Macri considera fundamental que se aprueben las nuevas normas laborales ya que, imagina, la baja de costos laborales favorecería la llegada de inversiones y una mayor generación de empleo.
