El Gobierno, en su cruzada contra los sindicalistas díscolos que no se alinean a la Casa Rosada, preparó un proyecto de ley que presentó el diputado radical Luis Petri que tiene por objeto modificar los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito para que los gremialistas pueden ser juzgados por hechos de corrupción.
Esta presentación del legislador de la UCR se dio a 24 horas de la masiva convocatoria que realizó Camioneros en el centro porteño, en protesta por la políticas que lleva adelante el Gobierno nacional, y en medio de las causas judiciales que posee el referente del mencionado gremio, Hugo Moyano.
“El norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción”, expresó Petri sobre el espíritu de la iniciativa, que cuenta con la firma de más de 20 legisladores oficialistas.
En concreto, y como se expresó líneas arriba, el proyecto propone que los dirigentes gremiales sean alcanzados por las figuras de cohecho y enriquecimiento ilícito para poder juzgar por hechos de corrupción a quienes dirijan o administren asociaciones sindicales. El diputado señaló a El Cronista que hasta ahora las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales quedaban “en sobre cerrado” y, al no ser renovada la información que contenían periódicamente, dificultaba determinar la evolución patrimonial, dato que ahora se pretende sea accesible al público.
El legislador mendocino advirtió, además, que se trata de terminar con una situación en la que la “corrupción sindical quedaba impune”, mediante el mecanismo de que los gremialistas sean alcanzados por figuras que hasta ahora sólo comprenden a los funcionarios públicos.
