El caso Milagro Sala no deja de ofrecer datos que sorprenden, en esta oportunidad, tras una investigación de Horacio Verbitsky, se conoció que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales le dio mediante una cooperativa un millón de pesos a René Arellano, principal testigo contra la dirigente social y empleado de la gobernación.
El periodista de Página/12 revela que Arellano fue “utilizado por Gerardo Morales para condenar a Milagro Sala por el lanzamiento de huevos durante un acto en el que la líder de la Organización Barrial Túpac Amaru no participó” y que “recibió en los meses previos al juicio al menos un millón de pesos. De ellos, 822.000 pesos de origen desconocido y el resto en los sueldos que los gobiernos de la provincia de Jujuy y el municipio de San Salvador le pagaron al menos a él, a uno de sus hijos, Freddy Santiago Arellano, y a las parejas de ambos, Cristina Noemí Chauque y Soledad Seña”.
Morales, según relata Verbitsky en su nota, redactó el decreto 804-G-2016 en marzo del año pasado y la disposición da cuenta que la función de Arellano es “el registro e inscripción para la constitución de cooperativas y otras organizaciones sociales”. Su hijo, Freddy Santiago Arellano, es titular de una de esas cooperativas junto con Ivana Ruth Soledad Seña (quien se identifica como Solsito Sena en su muro de Facebook, donde reproduce los videos de propaganda de Morales y los avisos de su gobierno).
Como respuesta, la tarde en que fue publicada la información, la justicia decidió secuestrar autos de familiares de Milagro Sala y la organización Tupac Amaru realizó un comunicado en donde considera que «Desde la Tupac Amaru denunciamos que se trata de una nueva embestida del gobierno provincial para profundizar el show mediático en torno al caso de Milagro Sala y extorsionar a familiares de detenidos y cooperativistas para que denuncien a la diputada del Parlasur ante la falta de pruebas que hay en las causas».
El juez de Control Penal de Jujuy Jorge Zurueta ordenó el secuestro de automóviles de alta gama pertenecientes al esposo de Sala, Pedro Raúl Noro, los hijos, Claudia Choroque Sala y Sergio Choroque Sala, además de colaboradores, lo que fue presentado por diversos medios como hallazgo de «autos de alta gama», cuando no lo eran.
Ante este episodio, Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala, lamentó que la medida judicial sea dispuesta «en medio de la feria judicial» y «sin mediar los requisitos de urgencia para ello». La abogada advirtió que la requisitoria «ahora parece entrar en una causa diferente, cuando en realidad debería ser una medida de prueba de la principal» que es la que investiga «los fondos para construir viviendas» que recibía Sala.
