La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) cargó fuerte contra el gobierno de Mauricio Macri al solicitarle a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas que dé explicaciones acerca de su rol y las medidas que ha tomado en lo que hace a la filtración de las escuchas de las conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli. La Dirección encargada del las intervenciones telefónicas, dependiente de la Corte, confirmó que recibe 2362 oficios judiciales por mes vinculados con escuchas e información de abonados telefónicos.
La CSJN le pidió a Arribas que “que ponga conocimiento las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas”, en referencia a las escuchas telefónicas que hace más de un año vienen llegando a diversos medios periodísticos, particularmente en las últimas semanas al programa de Luis Majul en Radio Berlín. Asimismo, se requirió que se información sobre “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada”.
Las escuchas sobre la ex presidenta estuvieron originalmente autorizadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, vinculado a la causa conocida como “triple crimen de la efedrina” (causa CFP 481/16). El juez Lijo pidió, mediante un oficio del 24 de junio de 2016, pidió la intervención por 30 días (tiempo que luego se prorrogó en dos oportunidades) de “las comunicaciones entre dos abonados bajo la modalidad de escucha directa”, por lo que se autorizó a personal de la AFI a realizar las escuchas y retirar los CDs con las grabaciones. Las grabaciones se realizan por intermedio de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDeCCO), organismo creado por la propia Corte Suprema, el único autorizado a nivel nacional para ese tipo de intervenciones.
El texto de la CSJN también destaca que el pasado 22 de marzo se requirió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso «la realización de una auditoría en la DaJUDeCCO «orientada a asegurar el cumplimiento de los principios de transparencia y confidencialidad en la ejecución de dichas tareas y a determinar si existen elementos que permitan establecer si las filtraciones de audios con escuchas judiciales tuvo su origen en la mencionada dependencia». En el mismo marco, se le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa penal que se iniciara a partir de la filtración de las escuchas, que informe «si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de la DAJUDeCCO y si existe alguna observación respecto a la fomra en que se desarrollan sus tareas que sea suceptible de afectar los principios de transparencias, confidencialidad y custodia».
En el requerimiento se adjunta un informe de los directores Generales a cargo de la DAJUDeCCO que confirma el inicio de un expediente administrativo para investigar la causa de la filtración y detalla la forma regular de actuación del organismo. En el mismo se aclara que su responsabilidad se limita a garantizar que los audios lleguen a la autoridad judicial que solicitó las escuchas, pero que no tienen acceso al contenido de los mismos. Luego se detallan los protocolos de «custodia y resguardo de la información», la existencia de un sistema de auditoría interna para realizar «controles integrales del proceso» y la existencia de una compromiso de confidencialidad que deben firmar todo el personal de la Dirección. Según el informe, la DAJUDeCCO recibe mensualmente en promedio 2362 oficios de solicitud de «intervenciones de línea, prórroga o bajas y solicitudes de datos (información asociada a un abonado telefónico), de los que se derivan unos 5770 procesos de trabajo.
Las grabaciones se alojan en un equipo denominado «Storage», que luego envía automáticamente los archivos de audio a una grabadora de CDs. Los discos resultantes son ensobrados, etiquetados y entregados a personal de la dependencia judicial solicitante de las escuchas. En el caso de las escuchas «directas» hay una serie de «boxes» en los locutorios de la Dirección donde los agentes autorizados tienen acceso a las comunicaciones en tiempo real, que también se graban en discos que se entregan al personal judicial.
