A partir del martes de esta semana entró en vigencia el régimen de reducción de aportes patronales y la unificación gradual de las alícuotas, lo que desde el gobierno se promociona como una forma de aliviar empresas reduciendo sus costos laborales. La medida, sin embargo, genera preocupación en cuanto al impacto que tendrá cuanto a la sustentabilidad previsional para un Anses ya cargado de tensiones.
La reforma tributaria fue aprobada por el Congreso nacional en diciembre pasado, poco después de la polémica votación a favor de la reforma previsional, y se preveía que la reducción de los aportes patronales comenzara a regir a partir del mes de marzo, pero la actualización de la AFIP de la versión del Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social (SICOSS) en su página web demoró el inicio efectivo hasta abril.
Según el nuevo marco, las contribuciones patronales se reducen a 2400 pesos para ir luego aplicando un esquema de incrementos hasta el año 2022, cuando terminará en 12 mil pesos, momento en que empezará a actualizarse en base a la evolución de la inflación. Según el discurso oficial, se trata de una forma de reducir los costos empresariales sin afectar el salario.
El economista y ex diputado Claudio Lozano, consultado por el portal La Política Online, consideró que “la experiencia histórica indica que ese tipo de planteos no ha tenido como resultado el argumento siempre esgrimido del blanqueo del empleo. Eso no se ha comprobado. Domingo Cavallo redujo las contribuciones en un 50% y no produjo efecto alguno en toda la década del 90. En realidad, la tendencia al empleo clandestino se mantuvo o incluso creció. Bueno, esto es una suerte de Cavallo gradual”. Luego añadió: “El otorgamiento de beneficios generalizados contra nada no funciona, sobre todo en la Argentina. Una cosa es que en determinada actividad nueva a instalarse y desarrollarse en el país se pongan en marcha estímulos y que, entre ellos, esté por ejemplo una reducción de las contribuciones patronales. En ese caso, se puede mensurar de manera directa cuál es la generación de empleo formal. Pero si lo que se hace es bajar costos de contratación sin contrapartida, lo único que se genera es una ampliación de los márgenes de beneficio que no necesariamente se traducen en una mayor reinversión”. “Más que a una idea de blanqueo, esto se asocia a lograr mecanismos de flexibilización del ingreso y egreso de la fuerza laboral de acuerdo al ciclo de actividad de la firma con el menor costo posible”, concluyó el ex legislador.
En este sentido, economistas y tributaristas alertan acerca del posible impacto de la medida sobre los fondos ya deficitarios del Anses, que cerró 2017 con un rojo del 2,7% del PBI. La reducción de un cuarto de punto en la recaudación implica un impacto de unos 30 mil millones de pesos. 30.000 millones. Frente a este escenario de reducción de la recaudación que profundiza el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri profundizará sus objetivos de ajuste en el Estado.
Según Lozano, la medida implicará “un agujero muy fuerte” para el Anses: “Hablamos de una propuesta que a lo largo de cinco años eleva el mínimo no imponible hasta llegar a una cifra equivalente al salario promedio actual. Ese es un desfinanciamiento muy importante del sistema previsional y no hay ningún elemento dentro de la reforma impositiva que indique cómo se lo va a cubrir”. El diputado radical K Leopoldo Moreau convocó desde su cuenta de Twitter a “ganar los espacios púiblicos y resistir” contra la “reducción de los aportes patronales a la seguridad social”. “Los pueblos que no resisten desaparecen”, insistió.
Pero los objetivos del Gobierno van mucho más allá de algunos ajustes de alícuotas y se evalúa una reforma global del sistema previsional. Actualmente el Ministerio de Trabajo discute un primer borrador del anteproyecto del futuro Código de Seguridad Social elaborado por una comisión de expertos, integrada por los abogados Bernabé Lino Chirinos, Lilia Maffei de Borghi y Félix Loñ. El proyecto contempla propone un Sistema Integral de Seguridad Social (SISS) que reemplace al actual Anses, que se define como basado en los principios de dignidad, universalidad, irrenunciabilidad, movilidad, progresividad, no regresividad, responsabilidad individual, solidaridad (generacional, del activo al pasivo y del sano al enfermo), autonomía financiera («para crear un sistema propio de financiación») y responsabilidad. Uno de los puntos polémicos que deberá abordar el nuevo sistema tiene que ver con la edad jubilatoria, en sintonía con lo definido por organismos internacionales como el FMI, que plantean el desafío que implica una expectativa de vida cada vez mayor para los sistemas previsionales. Otra de las novedades del sistema es la creación de una comisión especial del organismo previsional para monitorear las prestaciones de este nuevo SISS.
Para que el nuevo esquema previsonal pueda ponerse en vigencia debe ser aprobado por el Congreso nacional y una aún no creada Comisión de Sustentabilidad deberá avanzar en la redacción de una nueva ley previsional.
