Este lunes el Gobierno le comunicará a los representantes provinciales reunidos en el Consejo Federal de Energía su intención de trasladar el costo de subvención de la tarifa social a las administraciones locales, resignando impuestos particulares al consumo de energía.
El ministro del área, Juan José Aranguren, será el encargado de la negociación con las provincias para que acepten sumar su aporte para la reducción de los subsidios nacionales a las empresas de energía, en el marco de la búsqueda constante de reducción del déficit fiscal encarada por el Gobierno nacional en los últimos meses, ante el imparable aumento del endeudamiento externo y su peso en las erogaciones del Estado. El Ministerio de Energía apunta a que las provincias asuman por lo menos la mitad del costo derivado de esta nueva reducción de subsidios a cambio de una serie de incentivos y acompañamientos financieros para aquellos distritos que hayan cumplido con la reducción impositiva acordada en el llamado consenso fiscal.
El proyecto para que las provincias aporten su “esfuerzo” para amortiguar los aumentos tarifarios habría sido sugerido por la UCR y la Coalición Cívica en el marco de la polémica por los tarifazos, que finalmente llevó al oficialismo a confirmar los incrementos proponiendo apenas la posibilidad de pagar las facturas en cuotas con interés.
Ante el cambio imprevisto en el temario de la Consejo Federal de Energía, cuya reunión estaba prevista para mayo y fue adelantado por la crisis derivada de la discusión tarifaria, las administraciones provinciales se pusieron inmediatamente en estado de alerta para defender las en algunos casos maltrechas arcas provinciales. La previsión de eventuales tensiones con algunos representantes provinciales decidió al oficialismo a sumar al encuentro al ministro del Interior Rogelio Frigerio y a su viceministro Sebastián García de Luca.
En declaraciones previas, Frigerio afirmó que desde la asunción de Macri las transferencias del Estado nacional a las arcas provinciales «crecieron el 100 %» por lo que se les pedirá una colaboración para amortiguar los aumentos «no solo en la tarifa de gas sino también en la tarifa eléctrica». «En la carga impositiva sobre la tarifa eléctrica por parte de las provincias y los municipios en algunos casos recargan hasta un 25% lo que termina pagando el usuario, lo mismo con la tarifa social, no está escrito en ningún lado que solamente sea el Gobierno nacional el que tenga que cuidar a los sectores más vulnerables en el tema tarifario», insistió.
En algunos distritos hasta el 30% del costo final de las facturas de servicios públicos está compuesto por carga tributaria y se les pide a las provincias que sumen sus aportes para mantener las tarifas sociales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dos impuestos suman 15,5% en la factura de luz, presuntamente destinados a obras de infraestructura.
El tema tarifario se ha revelado como candente a nivel nacional en las últimas semanas, cuando incluso los gobernadores oficialistas u opositores con buena sintonía con el gobierno vienen denunciando el problema del aumento impagable de las tarifas. Luego de que el gobernador radical mendocino Alfredo Cornejo le enviara una carta al presidente Macri sobre el problema (lo que concluiría en una reunión con los jefes de bloque de Cambiemos, la ratificación de los aumentos y la propuesta de pago en cuotas de las boletas) también el salteño Juan Manuel Urtubey planteó que no tenía sentido “fijar aumentos que nadie puede pagar”. También los gobernadores Gustavo Valdes (Corrientes), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Entre Ríos (Gustavo Bordet) manifestaron en estos últimos días su preocupación por los tarifazos.
