Luego de los últimos tarifazos que ordenó el Gobierno nacional a los servicios públicos con el fin de recortar subsidios, las facturas se convirtieron en las más caras de América Latina. Un hecho que va a contramano del discurso oficial, que siempre se encarga de establecer que los servicios durante el kirchnerismo «estaban regalados» y que en la actualidad «estamos lejos de pagar lo que se abona en los países vecinos».
Así lo confirma un estudio un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que sostuvo en principio que el peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo pasó a representar del 6% en 2015 al 21% en 2018, trepando al tope en América Latina.
En la misma línea, un documento que elaboró la consultora Kantar Worldpanel da cuenta que los sectores de bajos recursos («bajo superior» y «bajo inferior») destinan el 5% de sus ingresos al pago de transporte y el 14% hacia los gastos de luz, gas y agua corriente, lo que deriva en un 19% para el total de ambos ítems.
Distintos especialistas coinciden que esto se debe a la decisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, de aumentar el precio del gas de boca de pozo, que hoy se encuentra a 5,5 dólares. La consecuencia directa es el encarecimiento todo el sistema de matriz energética, tal como indica en diálogo con La Política Online Andrés di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano.
De esta forma, el pago de servicios públicos tiene Venezuela una incidencia del 33% aproximadamente en un salario mínimo. Luego, sigue Chile con un 23% -que presenta tarifas similares a las nuestras, pero con un menor SMVM, Argentina, Brasil (19%), Ecuador (19%) y finalmente Uruguay (14%).
Consultado por este tema, Sergio Chouza, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, manifiesta que en el país «los fríos inviernos que incrementan el consumo, la cuestión impositiva que representa el 40% de la tarifa y el eslabón del transporte que requiere una logística muy importante que lo hace muy caro por la extensión geográfica de nuestro país». Y habla de las políticas estatales en México, un país que apuesta a la desregulación del estado: «Por mandato de ley el Estado mexicano se reserva la parte de transmisión de energía constituyendo un monopolio estatal -subrayó Carranza y añadió que el Estado- también regula la compra de generación eléctrica y aplica grandes subsidios al sector residencial porque no representan altos costos para las finanzas, pero impactan considerablemente en el ánimo social».
