La administración de Mauricio Macri prepara un proyecto de ley que modifica el Código Penal y que permitiría penar con tres años de cárcel a quien no permita la libre circulación de vehículos y transeúntes. Tal como reveló el programa Terapia de noticias, la iniciativa figura en la agenda parlamentaria del Gobierno que observa como se multiplican las protestas sociales en un contexto económico adverso.
Asimismo, la normativa además castigaría a quien arroje proyectiles contra otra persona en una marcha. La pena será en ese caso de hasta dos años de prisión. Si la víctima es un miembro de las fuerzas de seguridad, la pena será de tres años.
Por otro lado, se eleva las penas del narcotráfico y, si bien la tenencia no se penará si no trasciende del ámbito privado, quienes siembren, cultiven o guarden plantas tendrán que podría pasar entre 4 a 15 años en prisión. Los que produzcan o vendan drogas, tendrían penas de 5 a 20 años.
Las escuchas telefónicas también figuran: se pena con 6 años de prisión la difusión de las legales y con 10 la realización de las ilegales. Se incorporan delitos de genocidio, de desaparición forzada, se mejora el castigo para el grooming (cyberacoso) con castigos de hasta 5 años al igual que el aumento de la escala penal para los abusos sexuales simples.
Se castiga el tráfico de influencias de funcionarios y hay agravantes cuando en las coimas participen presidentes, vicepresidentes, gobernadores, vicegobernadores, jefes de gobierno, intendentes, jueces, o legisladores nacionales, provinciales o locales. La pena llega a los 15 años en esos casos. Se incorpora el soborno entre privados y que sea castigada además la persona jurídica por ello.
