Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no parecen tener intenciones de ceder ante los planteos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y, por el contrario, se evalúan diversas estrategias para combatir de fondo el poder de los “metrodelegados”, desde represalias contra las medidas de fuerza en acuerdo con la empresa hasta la declaración del servicio de subtes como “servicio público esencial” (lo que limitaría las posibles medidas de fuerza), pasando por la contratación temporaria de ex conductores de Metrovías para que dirijan las formaciones en ocasión de los eventuales paros.
Por su lado, la concesionaria del servicio de subterráneos de la ciudad, Metrovías (empresa del grupo Roggio), ya comenzó a aplicar sanciones contra las medidas de fuerza que están llevando adelante los trabajadores en reclamo por la reapertura de las paritarias de 15% firmadas por la UTA (gremio al que adhiere menos del 10% de la fuerza laboral del subte), que estarían muy por debajo de las inflación proyectada para 2018, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Metrovías ya envió por lo menos 150 telegramas con avisos de suspensión por las diversas protestas llevadas adelante desde fines de abril. Como 114 de los sancionados son delegados con cobertura gremial, también se enviaron pedidos a la Justicia para desaforarlos, acusándolos de impulsar “medidas ilegales” destinadas a “impedir la normal prestación del servicio”, tales como “la liberación de molinetes” o “la apertura de puertas de emergencia”.
Para intentar evitar la aplicación de sanciones de este tipo contra trabajadores y trabajadoras del gremio, la apertura de molinetes definida como continuidad del plan de lucha para este miércoles (de 10 a 12, como apoyo a la Marcha Federal Educativa, además de por el reclamo paritario) hoy en algunas estaciones estuvieron colaborando con la medida de fuerza la CTEP y ATE, entre otras organizaciones solidarias con el conflicto.
El gobierno porteño dejó clara su posición no negociadora por medio de una conferencia de prensa del jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel. El funcionario sostuvo que las medidas de fuerza son “ilegales” y descartó una posible apertura de negociaciones con el gremio: “Reclaman negociar paritarias, cosa que no pueden hacer. Hay un gremio con el que corresponde negociar paritarias: es la UTA. Y se ha llegado a un acuerdo en abril. Fue la Corte Suprema quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar paritarias. Y nos dijo también a nosotros que no podemos negociar paritarias con ellos”. Miguel también justificó la represión policial de este martes, que derivó la detención de 16 trabajadores y el paro generalizado en todas las líneas: “La Policía de la Ciudad se hizo presente en la H para garantizar que funcione. La respuesta de los metrodelegados fue cortar las vías e impedir que los empleados del subte que querían trabajar pudieran hacerlo y agredir a los policías, incluso a piedrazos”.
El funcionario también confirmó la decisión oficial de convocar “a empleados del subte con experiencia, en caso de que las personas que corresponden no quieran cumplir con su obligación”, reconociendo una estrategia tendiente a contratar rompehuelgas, una práctica explícitamente condenada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, el funcionario reiteró la decisión del Gobierno porteño de “no permitir que tomen a los vecinos de rehenes”, ratificó el endurecimiento de las sanciones contra los que se adhieran a las medidas de fuerza (desde sumarios, descuentos y suspensiones hasta eventuales despidos) y concluyó: “No es una discusión salarial. Se está discutiendo la afectación a un servicio público”.
Este punto será otro de los ejes centrales en el que el gobierno de Rodríguez Larreta intentará avanzar contra el gremio de los trabajadores del subte, en acuerdo con la UTA de Roberto Fernández y Metrovías. Según trascendió, el jefe de Gobierno se encuentra “harto” de las medidas de lucha de los “metrodelegados” y habría sido quien tomó la decisión de enviar a la policía a desalojar la asamblea en la estación Las Heras, lo que dio origen al momento más álgido del conflicto. Larreta también habría negociado con el ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca la posibilidad de declarar al subte como servicio público esencial, lo que implicaría la imposibilidad de volver a plantear ceses totales del servicio, como ocurre en los hospitales o las fuerzas policiales, por ejemplo. Los sistemas de transporte no están encuadrados como esenciales en ningún lugar del mundo, por lo que la decisión de avanzar en un proyecto por el estilo podría endurecer una ya caldeada interna con la AGTSyP. Además, desde el gremio sostienen que un proyecto de este tipo no podría ser aprobado por decreto y debería pasar necesariamente por la Legislatura.
Más allá del acuerdo de fondo de la UTA con esta estrategia que le permitiría reconquistar un importante espacio sindical perdido hace años contra un sindicato autoorganizado que hoy agrupa al 90% de los trabajadores del subte, Fernández debió emitir ayer un comunicado repudiando la represión policial y las detenciones, asegurando su intención de “defender” a los trabajadores atacados.
El objetivo final en el que coinciden GCBA, UTA y Metrovías es el debilitamiento definitivo de la AGTSyP, a quien consideran el principal obstáculo para “normalizar” el servicio de subtes. La campaña se completa con una fuerte campaña mediática de desinformación y calumnias contra los “metrodelegados”. En este sentido, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitieron este martes un comunicado llamado a los medios a «comunicar con responsabilidad». Allí se aclara que tanto la Constitución como los acuerdos internacionales garantizan el derecho de huelga para los sindicatos, tengan o no personería gremial; que la Suprema Corte misma reconoció que los sindicatos con simple inscripción (sin personería gremial) tienen el derecho a llevar adelante medidas de fuerza; que la personería gremiial de la AGTSyP está en revisión, en un trámite inconcluso, pero que no hay dudas sobre la representatividad del gremio; que ninguna cuestión legal impide al Ministerio de Trabajo porteño a convocar a ningún sindicato a negociar para resolver un conflicto y, por último, que el uso de la expresión «incidentes» no expresa con precisión la respuesta estatal al conflicto y que sería más apropiado hablar de «represión».
