Esta semana el Gobierno nacional confirmó su decisión de suspender el proyecto de construcción de la Central Atucha III por “problemas de restricción presupuestaria”. También se postergó hasta 2022 la construcción de Atucha IV. La central atómica proyectada tenía un costo aproximado de 9 mil millones de dólares (financiados en un 85% por China) e iba a aportar 800 MW de energía en apenas 6 años sin la necesidad de instalar nuevas líneas de alta tensión (que tienen un costo de más de un millón de dólares por kilómetro).
El canciller argentino Jorge Faurie le hizo saber la decisión oficial a su par chino Wang Yi este domingo en una reunión en el Palacio Duhau, contraofertando el compromiso de construcción de una nueva central para 2022 con tecnología exclusivamente china. Se espera que los planes definitivos al respecto se confirmen en noviembre, luego de la cumbre de presidentes del G20, cuando el premier chino Xi Jinping se reunirá en Buenos Aires con el presidente Mauricio Macri.
El sobrecumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal, anunciado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en medio de la reciente crisis financiera, y los compromisos que implicará la obtención de un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional vienen implicando importantes recortes en diversas áreas del Estado, especialmente en lo que hace a obra pública. Así, el anunciado objetivo del crecimiento del parque energético nacional se resigna confiando en que la recesión económica y los fuertes aumentos de las tarifas logren que la producción de energía eléctrica no se vea desbordada por la demanda durante los próximos años.
Además del impacto en términos de puestos de trabajo que implicará la renuncia a la construcción de la nueva planta atómica en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate, la postergación a 2022 de un nuevo proyecto nuclear también podría implicar el cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, una planta que implicó más de 200 millones de dólares de inversión y se proyectó para abastecer un programa con seis centrales de uranio natural en funcionamiento. Sólo 11 países del mundo poseen plantas de este tipo y su cierre podría implicar el despido de más de 600 ingenieros y técnicos especializados en tecnología nuclear y nuestro país quedaría eliminado como proveedor potencial de las 47 centrales nucleares CANDU o “CANDU-like” existentes hoy en el mundo (el costo de la tonelada de agua pesada oscila entre 600 y 800 mil dólares la tonelada).
La cancelación de proyecto Atucha III también implica una crisis terminal para cerca de 80 empresas nacionales como INVAP, Electroingeniería, Techint, IECSA o Dycasa que aportaron a la conclusión de Atucha II, entre 2005 y 2014, y deja sin oportunidades laborales a cientos de ingenieros nucleares que terminarán migrando a países con planes de desarrollo de tecnología atómica (sólo en Inglaterra se proyecta la construcción de 11 centrales). INVAP, una empresa argentina de vanguardia tecnológica en cuanto a diseño y construcción de plantas y equipamiento nuclear desde 2016 perdió el 94% de su facturación al estado nacional y hoy tiene problemas para pagar los sueldos.
El proyecto Atucha III era de tipo CANDU, basada en una tecnología canadiense que para su funcionamiento requiere agua pesada de alta pureza, como las centrales Atuchas I y II. Al ser una tecnología ya conocida y aplicada en el país China sólo proveía financiamiento y un 30% de los componentes. La dirección de obra hubiera podido hacerla cualquiera de las empresas nacionales especializadas: INVAP, Nucleoeléctrica Argentina o la propia Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Ahora el Gobierno nacional desguaza este proyecto con alto componente nacional de tecnología de punta para asumir un compromiso a 2022 de un proyecto absolutamente chino, “llave en mano”, para la construcción de una central de uranio enriquecido de 1100 MW.
El informe sobre el tema que publicó Daniel Arias en el portal AgendAR denuncia: “El gobierno viene dando frenazos, bandazos y tumbos en política nuclear. Debido a que tiene una cabeza esencialmente petrolera, no logra ordenar ningún plan técnica y políticamente aceptable, salvo para China. Si decide “pasarle por encima” a las leyes rionegrinas, sólo logrará el descrédito de la energía nuclear en la provincia misma adonde nació. Sería lamentable”. Y concluye: “Posponer la decisión de una nueva central nuclear para 2022 es tirarle la pelota al próximo gobierno, y apostar a que el consumo eléctrico argentino no desborde la capacidad de generación aplastándolo a puros tarifazos y recesión industrial. Entre tanto, como es inevitable que gastemos electricidad, las petroleras y gasíferas que dominan no sólo la matriz eléctrica argentina sino el pensamiento mismo del Ministerio de Energía, se proponen pasar una década y más de excelente facturación y repatriación de utilidades, cabalgando cancheramente sobre el aumento del crudo”.
