Luego del punto de máxima tensión entre Gobierno nacional e Iglesia que implicó la reciente media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el diputado radical Alejandro Echegaray (que votó a favor de la despenalización del aborto) presentó un proyecto de ley para que el Estado deje de hacerse cargo del pago de los sueldos de las altas jerarquías de la Iglesia Católica.
Según reconoció el Jefe de Gabinete Marcos Peña ante una consulta durante el informe de marzo a la Cámara de Diputados, actualmente el Estado argentino invierte 130 millones de pesos para tal destino, destinado al pago del sueldo de los obispos (el 80% de lo que cobra un juez), así como a subsidios a seminaristas y párrocos de frontera y una jubilación mínima para sacerdotes mayores de 65 años, según una regulación vigente desde la última dictadura cívico militar.
Carla Carrizo, diputada del Bloque Evolución de Martín Lousteau, presentó después de este informe un proyecto de ley para reducir el aporte estatal al monto salarial que percibe un docente universitario. Pero en estos días Echegaray directamente presentó un nuevo proyecto que apunta a que el Estado se desentienda absolutamente de estos aportes.
En diálogo con el portal La Política Online, el diputado radical consideró que “la feligresía debe sostener a la iglesia” y que el aporte estatal “es un beneficio inaudito en un estado laico”. Y añadió: “La iglesia ya se sostiene por medios de exenciones impositivas, subsidios a la educación y al patrimonio arquitectónico de muchos templos. Luego Echegaray afirmó que esos sueldos deben ser pagados por la misma Iglesia Católica con “el mismo patrimonio de la iglesia o las donaciones que reciban”. “Pero no por la gente de otros credos”, insistió.
