El Gobierno rechazó la última oferta que hizo Correo Argentino SA para saldar su histórica deuda con el Estado y pidió «suspender los plazos procesales» del concurso preventivo hasta que se resuelvan los planteos judiciales pendientes tanto en ese expediente como en los otros litigios iniciados por la empresa de la familia de Mauricio Macri contra la administración pública.
Este pedido oficial, para ponerle puntos suspensivos al concurso hasta que se resuelvan los otros pleitos, no impidió que la empresa pidiera una audiencia para seguir discutiendo su oferta al Estado, algo que aprobó la Justicia Comercial al fijar una próxima reunión para el 10 de julio próximo.
Vale destacar que la firma del Grupo Macri entró en concurso preventivo en 2001. En ese entonces, la deuda ascendía a $ 293 millones. En 2017, tal como denunció la fiscal Gabriela Boquín, la compañía llegó a un acuerdo con la administración Macri «ruinoso» para el Estado al ofrecer el pago del uno por ciento de lo que se debe, que ya asciende a más de 4000 millones de pesos.
Según el cálculo de la perito Judith König, dicho pacto implicaría una quita actual de más de $ 4 mil millones y de más de $ 70 mil millones a 2033. Lejos de ese acuerdo, Boquin afirma que si el Estado se lo propone, puede recuperar todo lo que los Macri le deben. A a su vez, detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión.
Semanas atrás, Correo Argentino SA hizo una nueva oferta para cancelar su deuda con el Estado: ofreció el edificio de Monte Grande donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial. Según la compañía, esa propiedad hoy vale casi u$s 1.000 millones. Pero el inmueble de Monte Grande forma parte, a su vez, del reclamo que Correo Argentino SA le hace al Estado en la causa que -en paralelo- se tramita en el fuero contencioso administrativo.
