El anuncio presidencial de este lunes respecto de los decretos para volver a involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior generó críticas y rechazos de todo el arco opositor, que reclaman que la discusión pase por el Congreso de la Nación, y de los organismos de derechos humanos, que convocan a una marcha en repudio a la medida para este jueves.
El bloque del FPV-PJ en Diputados consideró que la decisión constituye “una medida ilegal, ineficaz y peligrosa”. La bancada comandada por Agustín Rossi añadió: “Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión”. El comunicado concluye denunciando: “Casualmente cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el FMI, Macri apela a la demagogia punitiva y continua su degradación de la democracia y el estado de derecho”.
El diputado Felipe Solá, del Frente Renovador, consideró que “meter a las Fuerzas Armadas en seguridad empeoró el problema en todo el mundo” y pidió que si hay que derogar leyes “que vengan al Congreso”, mientras que el diputado Pablo Kosiner, del peronismo federal, sostuvo que no está de acuerdo con que las FFAA puedan “patrullar ciudades o intervenir en conflicto sociales”. Por su parte, Ricardo Alfonsín opinó que “la experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia”. En redes sociales, el senador Fernando “Pino” Solanas manifestó: “Grave error de Macri comprometer a las FF.AA. en la seguridad interior. Argentina tiene un espacio terrestre y marítimo enorme repleto de recursos por proteger. Necesitamos una política de Defensa Nacional que garantice nuestra soberanía, independencia e integridad territorial”. Desde el Frente de Izquierda (FIT) también se sumaron a los cuestionamientos a la medida, anticipando que desde el gobierno “quieren tener las FF.AA. a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI”.
También los organismos de derechos humanos se manifestaron claramente en contra de la reconversión de las FFAA buscada por el oficialismo, considerando la decisión presidencial como una “amenaza” contra la democracia y la ciudadanía, que se enmarca en el proceso de ajuste económico que lleva adelante el Gobierno, en sintonía con las exigencias del FMI.
Carlos Pisoni, de Hijos, declaró que “como familiar de desaparecidos, de solo imaginar que los militares vayan a poder hacer tareas que hicieron durante la dictadura da escalofríos”. Y añadió: “Es una decisión que nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto es una muy mala noticia, nos lleva a pensar que justamente lo peor de la historia argentina”. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se recordó que “las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior” y se anticipó que esta política “construye enemigos internos y aumenta la violencia”. “Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, advirtió el organismo.
La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) sostuvo que la decisión “es la conjugación del gobierno que ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado de la última dictadura militar y ha pretendido favorecer la libertad de genocidas, mientras legitima el accionar represivo que se descarga sobre los sectores en lucha y las barriadas populares, con la doctrina Chocobar y las reformas del Código Penal y Procesal Penal”. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunció que la medida “está en el alineamiento internacional incondicional que propone Macri con Estados Unidos”. Y agregó: “Tiene planes muy concretos para invadir Venezuela, a través de la cuarta tropa y del Comando Sur. Macri quiere preparar a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese conflicto futuro”.
Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, opinó que el plan oficial “es escandaloso” y Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, lo definió como “aberrante”. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, denunció: “Otra vez una política ilegal para dañar nuestra democracia”.
Desde los organismos se está elaborando una declaración conjunta de repudio al proyecto oficial y ya se ha convocado a una movilización a Plaza de Mayo para este jueves 26, bajo la consigna “Fuerzas Armadas represivas, Nunca Más”.
