Este viernes el fiscal Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros y vicepresidente de Independiente, por asociación ilícita en la causa que investiga irregularidades en el club. En los próximos días el juez deberá decidir si acepta la solicitud del fiscal y ordena la detención efectiva.
La causa está a cargo del juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda. Scalera consideró a Moyano sospechoso de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la reventa de ilegal de entradas junto a los referentes de la barra brava de Independiente, incluido Pablo «Bebote» Álvarez, quien ya está procesado y con prisión preventiva, como otros barras del club y el ex dirigente Noray Nakis.
Tras el pedido, Daniel Llermanos, abogado de Pablo Moyano, denunció “presiones políticas” sobre la Justicia ya que, según el letrado, no existen argumentos de peso para avanzar con el pedido de arresto: “Ni siquiera hay un cuaderno, ni siquiera hay una fotocopia, no hay nada”. La única prueba con la que vinculan a Moyano con la barra es una conversación telefónica con un afiliado a Camioneros que también es socio de Independiente, que le dice: “Qué hacemos con los chicos?”, detalló el abogado.
Para terminar, Llermanos confirmó que elaboró una denuncia “por presión hacia los magistrados, en este caso contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”, en la que incluyó “numerosas y copiosas pruebas que acreditan que existe una voluntad política decidida a concretar la detención de Pablo Moyano”.
