En medio de un clima de tensión, y solo con votos propios, Larreta aprobó el proyecto UniCABA

En una Legislatura totalmente vallada y fuertemente custodiada por efectivos de seguridad, con la comunidad educativa que se acercó hasta Perú 160 para protestar, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta consiguió aprobar solamente con los votos de sus 34 legisladores la creación de la universidad de formación docente conocida como UniCABA. Los manifestantes y los diputados de la oposición denunciaron que la policía reprimió los reclamos.

Según da cuenta la iniciativa, esta nueva institución coexistirá con los actuales centros de formación docente. En palabras del presidente de la Comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, «no nos creemos dueños de la verdad revelada, pero sí estamos convencidos de que parte de esta ley ayudará al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas y a quienes piensan e investigan la educación a crear este tipo de políticas necesarias para el porvenir y la construcción de ciudadanía».

Con la presencia en el recinto de los rectores de los institutos de formación docentes, quienes desaprobaron el proyecto, el legislador comentó que “queremos que la educación sea una política central en la agenda tanto nacional como de los parlamentos y tiene que ver con nuestra propia historia, con la discontinuidad macroeconómica argentina que incidió e incide constantemente en las políticas educativas, tiene que ver con la historia de nuestras crisis. Y nosotros tenemos la obligación y el deber de quje la educación sea relevante en la agenda pública y entenderla como un bien público y no solo una respuesta desde lo individual”.

“Es una universidad que se regula en el marco de la ley de educación superior, están garantizados los principios de autonomía y autarquía y se organizara a través de un rector organizador (…) se está creando la una universidad pública en la Ciudad de Buenos Aires que respeta y garantiza la ley superior de educación”, añadió Ferraro.

Esta ley consiguió el repudio de toda la oposición. Al momento de tomar la palabra, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y miembro de la comisión educativa, recalcó que «este proyecto no tiene otra finalidad más que terminar con los 29 institutos de formación docente. La verdad la dicen los borrachos, los niños y el proyecto original. Como se armó un quilombo de novela, lo reformularon. Si faltan docentes, aumenten los salarios. Un docente gana un décimo de lo que gana un legislador. Debería ser al revés: que los docentes ganen diez veces lo que gana un legislador».

Luego, Lorena Pokoik, de Unidad Ciudadana, comentó que «el Ejecutivo crea un Consejo Evaluador que va a determinar qué Instituto califica o no dentro de los estándares. Esto involucra a entidades privadas externas, que serán las encargadas de evaluar el sistema formador; pero la Ciudad ya tiene creados organismos para este fin» y sentenció que «están mercantilizando a todo el proceso de formación, lo que pone al conocimiento como una necesidad a pedido del mercado, no en función del desarrollo local».

Al respecto, Leandro Halperín, del bloque radical Evolución, sostuvo: «La mirada integral no se da en una ley de formación docente. La Constitución nos obliga a pensar primero una Ley de Educación general en CABA, que incluya la formación docente en uno de sus puntos. El oficialismo tiene que revisar de qué forma dialoga con los que no pensamos igual».

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