La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró este lunes que el proyecto de deportación de unos mil extranjeros detenidos en las cárceles argentinas serían deportados, en principio aplicando la legislación vigente. Luego se enviará al Congreso un plan más amplio que incluye la creación de una Cámara que permita acelerar esos trámites.
La ministra explicó que el objetivo es “que todo el que se radique en la Argentina lo haga para sentar su familia, sus bases, y no para venir a delinquir” y denunció que “en el último tiempo, sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de detenidos”. “Esto se reproduce también en tema motochorros”, remarcó.
En cuanto al proyecto que sería enviado al Congreso, Bullrich confirmó que entre otras medidas propone crear una Cámara judicial especial para tratar estos temas en forma “expedita”, pero aclaró que hoy “el problema que hay es que primero hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial”.
En la actualidad, el proceso de deportación depende de Migraciones, pero desde el Ministerio de Seguridad están aportando lo que Bullrich definió como “unidades de búsqueda”. “En algunos casos han pasado años y por eso hay que buscar a estas personas que están en el listado. No todas son personas con procesos penales, que están prófugos, sino que están retenidos por su condición de ilegalidad”, detalló.
La iniciativa de Seguridad respecto de los extranjeros vino acompañada en estos días con otros anuncios sobre la incorporación de pistolas Taser a las fuerzas de seguridad federales (respecto de las que Bullrich descartó su uso en manifestaciones y minimizó las críticas que las denuncian como “elementos de tortura”) y la confirmación del envío al Congreso de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
Sobre el plan de un nuevo Régimen Penal Juvenil, la ministra explicó que “se ha trabajado más de dos años, con experiencias de todo el mundo”, con la colaboración de “ONGs y los ministerios de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social”. Y agregó: “Algo muy importante que va a cambiar radicalmente las condiciones de seguridad, y de futuro, es la creación de un régimen socioeducativo que hace que un menor que comete un delito, no importa la edad que tenga, sea de 8 o de 15 años, entre en un régimen de resarcimiento, de entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia. El objetivo es trabajar para impedir que ese joven siga y avance en la carrera delictual”.
Sobre el polémico tema de la baja de la edad de imputabilidad, Bullrich consideró que si bien es un tema que hace años que se discute en nuestro país, “nadie lo ha podido hacer, y este Gobierno tiene la firme convicción de avanzar”. Y concluyó: “Arrancamos en los 15 años de imputabilidad pero sin años para el régimen socioeducativo. Esto es muy novedoso, porque a los chicos que generan robos o distintas conductas, la sociedad no los va a ver a los dos minutos en su casa. En la Argentina es un número manejable aunque va en aumento. El 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años”.
