María Laura Beherán
Es el caso de San Martín, donde su intendente, Gabriel Katopodis firmó un decreto local para anular el nacional 52/2017, rubricado días atrás por el presidente Macri, el cual indica::“resulta necesario reformular el régimen de feriados para contribuir a completar el calendario escolar y a no afectar la competitividad del sector productivo”.
En esa localidad del Gran Buenos Aires, el asueto será el mismo 24 de marzo y no se respetará la movilidad impuesta al 27/3. Así lo informó el jefe comunal a través de un comunicado donde remarca además que: “convocaremos a todos los intendentes y gobernadores del país a sumarse a esta campaña porque el 24 de marzo no pertenece a un gobierno de turno sino a la democracia”.
Esto lo impulsarán a través de una campaña nacional denominada #El24NoSeToca que espera un fuerte impacto en todas las redes sociales, hoy la forma más económica, rápida y efectiva de llegar a distritos de todo el país.
Otros jefes comunales como Juan de Jesús, también fustigaron duro contra el gobierno en este tema: “el gobierno nacional se maneja con autoritarismo sin importarle la opinión del otro. Lo vemos en el tema del DNU y también en las obras”, afirmó el intendente del partido de La Costa. El mismo caso se repite en Pehuajó, con el intendente Zurro, quien lo anunció como una “falta de respeto” y firmó decreto.
En este último caso y en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, la ciudad de Gualeguaychú ya picaron en punta y dejarán fijo el feriado en cuestión, y no sólo eso, lo harán también con el 2 de abril, día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas por “considerar la medida como un agravio a todo el pueblo argentino”.
Esta preocupación se manifestó desde la misma publicación del decreto. Y al respecto ya se expresaron, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien lo definió como “otra provocación más del Gobierno”. También Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP, quien le sugirió a Macri “no tocar el feriado” y en sintonía, todos los organismos de Derechos Humanos y hasta dirigentes de la misma alianza Cambiemos, como el diputado radical, Ricardo Alfonsín, que lo definió como “una banalización”.
