Decenas de autoconvocados y militantes de distintas organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos se encuentran congregados frente a la histórica sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de calle Hipólito Yrigoyen para impedir un allanamiento y el intento de apropiarse de archivo de la organización liderada por Hebe de Bonafini.
Ya el pasado 4 de abril, un grupo de escribanos se presentó en la sede de Yrigoyen 1584, frente a Plaza Congreso, para “inventariar” el material del histórico archivo de Madres, invocando una orden del juez Comercial 13, Fernando Javier Perillo. El magistrado realizó el pedido a instancias, de Javier Buján, interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (Iunma) dependiente de la Asociación, designado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
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Desde Madres se denuncia el allanamiento y el intento de avanzar contra la institución como “una avanzada del gobierno nacional y sus operadores judiciales” para “apropiarse del archivo histórico, el más grande de Latinoamérica en su tipo”. También se alerta contra un posible intento de desalojo de la organización de esa sede tradicional.
Desde la mañana, grupos de autoconvocados se encuentran realizando un cordón frente a la sede de Madres para evitar el allanamiento. Una de las manifestantes, explicó en diálogo con la prensa: “Es una muestra más del desprecio de Macri a los organismos de derechos humanos y del ensañamiento especial que tiene el Gobierno con Hebe por haber sido la primera que desde el día uno de gestión los cursos de ser el enemigo del pueblo, la pata civil de la dictadura”.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncia que el operativo conjunto entre funcionarios de la justicia civil, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, “carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos”. El comunicado de la Asociación denuncia que “no hay motivos de hecho ni de derecho” para llevarlo el operativo. Y añade: “Tanto es así, que los superiores del juez Perillo decretaron lo contrario” (en referencia al fallo de la sala B de la Cámara Comercial, que en noviembre pasado reconoció a las Madres de Plaza de Mayo “los derechos que le asisten y que el juez de Primera Instancia Perillo, inferior a la Cámara, insiste en desconocer”).
Para el Tribunal de Alzada, las actividades de las Madres de Plaza de Mayo están fuera del Código de comercio y son de interés público y social. La Cámara entiende que, por lo tanto, las Madres “no pueden ser evaluadas con los mismos parámetros” que una empresa y considera que la continuidad de sus actividades “debe ser autorizada”.
