El anuncio de incremento de tarifas que realizó el ministro de Energía, Juan José Aranguren es “la crónica de una muerte anunciada”, sobre todo para usuarios de bajos recursos ( a pesar de la tarifa social que se mantiene) y para PyMEs que verán muy incrementados sus costos.
En la conferencia oficial, Aranguren detalló que “el aumento del precio estacional pasará de 320 a 400 pesos el (MWh) en febrero y a 640 pesos en marzo, pero señaló un atenuante :“ para evitar el enorme impacto de la factura de febrero (que es un mes de alto consumo) se desdoblará el pago”.
Varias voces se manifestaron en contra del anuncio: uno de ellos fue Héctor Polino, titular de Defensa al Consumidor, que calificó los aumentos como “injustos y excesivos” y advirtió “ que son los usuarios los que tienen que financiar las inversiones que les corresponden a las empresas para mejorar el servicio”.
Este será el primero de los dos aumentos previstos por año, en el intento de llegar a eliminar los subsidios en un 47% cuando hoy recién están eliminados en un 28%, además de pretender la disminución del consumo y estimularla a través de un descuento de hasta el 20% para aquellos que consuman menos energía que en el 2015.
Este aumento se contradice con el intento de bajar la inflación por parte del equipo Económico e impide la reactivación anunciada estos días por la cartera de Producción que conduce de Francisco Cabrera. En primer lugar, como consecuencia directa del pago de la factura, e indirecta por el impacto en precios de alimentos, indumentaria, servicios, cuotas de colegios, clubes, etc. todas causantes de la caída del poder adquisitivo de los salarios.
