Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró a través de un comunicado que la solicitud del expediente de la llamada causa Vialidad es un procedimiento “habitual” y que devolverá los expedientes a tiempo al Tribunal Oral Federal Nro. 2 para que el juicio oral pueda comenzar en su fecha prevista del próximo 21 de mayo.
La Corte Suprema había solicitado esta semana, “en forma urgente”, el envío del expediente de más de 50 cuerpos de la causa que investiga posibles irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, atendiendo a planteos de su defensa que denuncia que hay pericias y pruebas incompletas. La decisión del Máximo Tribunal desató una ola de indignación en el oficialismo, que desde el presidente Mauricio Macri para abajo salieron a cuestionar el pedido como posible estrategia para garantizar la “impunidad” de la actual senadora de Unidad Ciudadana y otros involucrados en el caso.
El Tribunal que tiene la causa Vialidad dice que el juicio «no está suspendido»
Sin embargo, durante la mañana de este jueves la Corte Suprema difundió a través del sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), un comunicado que plantea que “ante la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos” el tribunal considera necesario aclara que el pedido “es habitual” y “ha sido adoptado en numerosas oportunidades”.
Luego detalla: “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”. La Corte Suprema devolvería el expediente y se quedaría con las copias digitales para continuar el análisis, con lo que el TOF 2 podría iniciar el juicio oral en tiempo y forma. En ese sentido, el comunicado añade: “En el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”.
“De este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificandose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”, concluye el comunicado.
Además de la ex presidenta, en la causa se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados.
