Este martes 25 debía declarar ante la Justicia de Dolores el periodista Daniel Santoro, pero logró una postergación, argumentando que su abogado, Mauricio de Nuñez, se encuentra fuera del país. El juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar al pedido de postergación y fijó una nueva fecha para el próximo 17 de julio a las 11 horas.
El magistrado citó a Santoro en el marco de la causa que investiga la existencia de una red ilegal de espionaje, con participación de servicios de inteligencia, sectores empresarios, de la política parlamentaria y del periodismo. Ramos Padilla sospecha que Santoro integró la asociación ilícita por la que ya se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. En el caso del periodista, se presume que no sólo utilizó a D´Alessio como fuente sino que tuvo un alto grado de participación en algunas de las maniobras extorsivas que éste llevó adelante, particularmente en la que se llevó adelante contra el empresario Mario Cifuentes.
Según presume el juez de Dolores, los artículos periodísticos escritos por Santoro formaban parte de los métodos de coacción y amenaza utilizados por D’Alessio. El periodista afirma que fue utilizado por el falso abogado y que a lo sumo, su problema es que fue demasiado ingenuo. Pero en el caso de Cifuentes, hay por lo menos tres intervenciones indirectas de Santoro en el programa Animales Sueltos que fueron anticipadas por D´Alessio al empresario y que se utilizaron como amenaza de una suerte de “escrache” periodístico.
También el ex gerente de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y el aduanero Gabriel Traficante mencionaron en sus denuncias contra D’Alessio a Santoro como cómplice del falso abogado. En la citación, el juez también señala que Santoro le reveló a D’Alessio internas y datos de sus compañeros periodista en Animales Sueltos y que este usó esa información para armar legajos que le hacía llegar a sus contactos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Por otra parte, Ramos Padilla amplió las citaciones a declaración testimonial, incluyendo al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que se presentó como querellante en la causa luego de que el fiscal de Mercedes Juan Bidone declarara que tenía contactos con Marcelo D’Alessio y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que recibió presiones para incriminarlo en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez y en la del tráfico de efedrina. Las presiones también venían del lado legislativo, a través de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto.
Otros de los citados son el candidato presidencial y ex titular de Aduanas Juan José Gómez Centurión, quien apareció fotografiado en archivos en poder de D´Alessio, y Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, que denunció presiones de la AFI. El juez federal de Dolores también notificó al juez Claudio Bonadio que si bien no ha sido citado a declarar ni procesado, sí fue denunciado: “Ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades, que uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante, además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa”.
