La Legislatura porteña, en su última sesión ordinaria, aprobó el acuerdo por el cual el Estado Nacional transfiere a los gobiernos porteño y bonaerense el ejercicio jurisdiccional conjunto de la distribución del servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana.
El traspaso ya se puso en marcha pero quedó pendiente de una ratificación que otorgó el Parlamento gracias a los votos del oficialismo y que fue acompañado por el Socialismo, Evolución y el Gen. Votaron en disidencia Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y los cinco diputados de izquierda.
Además se sancionó una ley de la Ciudad que asigna al Ministerio de Hacienda y Finanzas la responsabilidad de las políticas y el control en materia de energía eléctrica. Los cambios implican la necesaria creación de un nuevo ente regulador bipartito (Provincia y Ciudad) para actuar sobre la jurisdicción conjunta de la Capital más el Conurbano (lo que técnicamente se denomina Gran Buenos Aires o Área Metropolitana).
La resolución votada aprueba en su artículo primero el «Acuerdo de Transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la CABA». El segundo artículo de la norma avala el «Acuerdo de Implementación de la Transferencia». Y por el artículo tercero convalida lo convenido para «el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica», que incluye el mandato de crear el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
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A su vez, se sancionó en paralelo la ley de la CABA que «adhiere al régimen establecido por las leyes nacionales 15.336 y 24.065, los decretos números 714PEN/92 y 1398PEN/92, sus normas modificatorias y complementarias, en todo cuanto resulte aplicable a la regulación y control del servicio de distribución de energía eléctrica prestada en su jurisdicción por las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)».
Esa normativa nacional conforma el régimen de Energía Eléctrica para todo el país, sus leyes y los decretos presidenciales reglamentarios. Además, se modifica parcialmente la ley de ministerios porteña para incluir, entre las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Los miembros del oficialismo hicieron hincapié en la importancia de ejercer soberanía autónoma por parte de la Ciudad sobre los servicios públicos para sus habitanmtes y marcaron que esta transferencia no significa nuevos costos para la administración porteña. Sus aliados en la votación adhirieron a esos conceptos pero plantearon algunas preocupaciones sobre temas regulatorios y respecto de las fuentes laborales del personal del actual ENRE de jurisdicción nacional.
Los opositores denunciaron que «se perjudica a los ciudadanos en nombre de la autonomía», como mencionó la integrante de UC Penacca, quien protestó por la falta de participación legislativa en la toma de decisiones y en la integración del nuevo ente regulador, donde tampoco se prevé la representación de usuarios. Cuestionó también supuestos acuerdos con las concesionarias para condonar deudas por multas impagas y lo atribuyó a «conflicto de intereses en los funcionarios del gobierno nacional».
