Las organizaciones piqueteras ven las demoras del gobierno con desconfianza en la puesta en marcha de la ley de emergencia social. Se está haciendo difícil contener a las bases tanto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, como a Barrios de Pie y a la Corriente Clasista y Combativa que llevarán nuevamente el conflicto a la calle si no hay respuestas rápidas.
El martes estaba pautada una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se iba a conformar el Consejo de la Economía Popular, integrado por organizaciones, funcionarios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda para comenzar a administrar los $ 30.000 millones destinados a emergencia social, que surgen de la Ley aprobada el diciembre pasado en el Congreso.
La reunión no fue confirmada, con lo cual los plazos se siguen dilatando y eso generó malestar al interior de las organizaciones, urgidas por hacerse de los fondos y llegar a los sectores más vulnerables.
