Luego de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le presentara al juez Alejo Ramos Padilla su informe sobre los documentos encontrados en computadoras y celulares del falso abogado Marcelo D´Alessio, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi cuestionó esta semana la autenticidad de los documentos analizados por el organismo.
Curi solicitó que Ramos Padilla ordene pruebas que permitan acreditar por otros medios la autenticidad de los elementos valorados por la CCPM y además denunció que el organismo presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel «realizó valoraciones jurídicas y dio por acreditada la comisión de hechos delictivos». En este sentido, Curi le señaló a Ramos Padilla que «ese tipo de asuntos competen exclusivamente al órgano decisor, quien debe emitir sus resoluciones conforme las reglas de la sana crítica, procurando la valoración de la prueba recabada y dando razón de la aplicación de determinadas normas del plexo penal».
Al no poder impugnar el trabajo pericial de la CPM, que cumple esa labor para más de 60 jueces, Curi sostuvo que no está probada la autenticidad de los archivos analizados (que incluyen mails, mensajes de celular y carpetas de documentos). Pero, además de que fueron obtenidos en allanamientos de fuerzas de seguridad según los procedimientos, muchos documentos fueron confirmados por denuncias y testigos, entre los que se cuentan periodistas como Eduardo Feinman y Rolando Graña, que en su declaración ante Ramos Padilla confirmaron haber recibido esos mensajes de D´Alessio.
Curi ya presentó numerosos pedidos ante Ramos Padilla para que derive el expediente a Comodoro Py, en sintonía con los planteos del fiscal rebelde Carlos Stornelli, que sigue sin presentarse a declarar después de ocho meses de convocatorias. Más allá de estos planteos, la Cámara Federal de Mar del Plata y la Cámara de Casación confirmaron al juez de Dolores en la investigación.
El informe de la CPM fue cuestionado muy fuerte desde distintos sectores mediáticos y políticos (incluyendo al presidente Mauricio Macri), por entender que en sus conclusiones estaba actuando contra la libertad de prensa. Sin embargo, el informe no plantea ninguna evaluación de las labores periodísticas, limitándose a cruzar datos entre los documentos encontrados en poder de D´Alessio, que muestran por lo menos once operaciones ilegales, de las cuales se derivaron varios intentos de extorsión.
En varios de esos casos, la CPM confirma que se ofreció a distintos periodistas información falsificada. Pero al único periodista que Ramos Padilla procesa como posible cómplice de un intento de extorsión y otro de coacción (al empresario Marcelo Cifuentes, dueño de la petrolera OPS, y al ejecutivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat ) es a Daniel Santoro, de quien se constató la participación en ocho de los once casos por los que se investiga a D´Alessio.
