Malvinas: Imputaron a Macri por vuelos, licitaciones energéticas y permisos de pesca

Este jueves el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a otros cuatro funcionarios de su Gobierno por presuntas irregularidades en el manejo de la relación bilateral entre nuestro país y el Reino Unido, por el vuelo de Latam que el próximo 20 de noviembre iba a conectar San Pablo y las islas.

El pedido presentado ante el juez federal Luis Rodríguez también incluye como imputados al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, al ex Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y al canciller Jorge Faurie.

El planteo de Di Lello es que corresponde investigar si los funcionarios participaron de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que puedan violar la soberanía nacional. Los hechos investigados comienzan “con el comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016”, que suscribieron las Cancillerías de ambos países. Según la abogada denunciante, Valeria Carreras, este comunicado resuelve sobre cuestiones que deberían haber sido tratadas por el Congreso Nacional.

Según el fiscal, corresponde investigar “licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602/19 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur”. Respecto del vuelo de Latam, Di Lello planteó que correspondería ordenar su suspensión de manera urgente, “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional” y “posibles daños económicos graves”.

Al respecto añadió: “Corresponde que evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que estuviere autorizado por el decreto nro. 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”. “Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos”, concluyó Di Lello.

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