La delegación interdisciplinaria argentina que viajó a Bolivia esta semana denunció que el gobierno surgido del golpe de Estado a Evo Morales está cometiendo “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” que constituyen “delitos de lesa humanidad”-
A pesar de las agresiones sufridas en su arribo a Bolivia y de las amenazas del ministro Arturo Murillo, la delegación argentina presentó en conferencia de prensa las conclusiones de su recorrido por Bolivia. Se denunciaron “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, luego de constatar la comisión de delitos tales como la “desaparición forzosa de personas”, “situaciones de tortura en espacios públicos”, “violaciones y delitos sexuales” y “falta de garantías procesales para los detenidos”, entre otros crímenes. Un punto particularmente alto de la dinámica represiva adoptada por el gobierno ilegítimo de Jeanine Áñez fue la llamada “masacre de Senkata” cuando fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra manifestantes que ocupaban una planta de combustibles, dejando numerosos muertos.
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La delegación argentina denunció públicamente esta “situación de terror” y afirmó contar con material probatorio respecto del “apoyo explícito” de países extranjeros en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales: “Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho”.
Luego añadieron: “Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios, de torturas, de violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos”.
Los once delitos que analizó la delegación argentina son: Dos masacres en Senkata y Sacaba (con 9 y 6 muertos respectivamente); desapariciones de personas; torturas, violaciones y delitos sexuales (“propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad”); ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares por parte de grupos de choque; persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales (entre los que se constaron “la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas”); confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa; represión de manifestaciones públicas (con “uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza”); restricción manifiesta de la libertad de prensa; promoción del racismo y los discursos de odio; inacción y encubrimiento del poder judicial; hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales (incluyendo su propia experiencia al arribar al país, cuando fueron retenidos e interrogados por fuerzas militares en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra).
La delegación argentina está integrada por Juan Grabois (referente de la CTEP), Daniel Catalano (ATE Capital-CTA), Gabriela Carpinetti (abogada del Frente Patria Grande), Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Pérez Ezquivel (APDH), Ismael Halil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andrés López (APDH Nacional), Agustín Lecchi (Sipreba), Luis Arias (ex juez de La Plata), Federico Fagioli y Natalia Zaracho (trabajadores de la economía popular) y Victoria Freire (socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas), entre otros.
