Este jueves el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó se lleven adelante allanamientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol (Ausol), Acceso Oeste y Natal. La causa investiga posibles negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado en la que podrían estar involucrados el ex presidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno.
Los funcionarios judiciales allanaron la sede administrativa de Autopistas del Sol, de Panamericana y Thames, y la del Acceso Oeste, en Ituzaingó. En simultáneo, se realizó un operativo en la oficina que ambas empresas comparten en la Capital Federal y otro en las oficinas de Natal Sociedad Anónima, la firma que se quedó con las acciones de las que se deprendió Socma a mediados de 2017.
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El objetivo de los allanamientos es buscar documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato, sin licitación, en beneficio de Ausol y de Socma, así como pruebas sobre la integración societaria de las empresas, documentos sobre la asunción estatal de una deuda de 500 millones de dólares de Ausol y, más en general, elementos que prueben las políticas de Gobierno que favorecieron a estas empresas de forma irregular.
La causa investiga irregularidades en el negocio de los peajes en el Acceso Oeste y la Panamericana, que involucran tanto al expresidente Macri, como el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exjefe de la cartera de Hacienda Nicolás Dujovne. La causa comenzó a mediados del año pasado, pero en el transcurso de los meses fue sumando importantes denuncias, incluyendo las del ex procurador Carlos Balbín, la extitular de Asuntos Jurídicos de Vialidad Julieta Ripoli y el extitular del extinto Órgano de Control de Conseciones Viales (OCCOVI) Rafael Gentili. Luego de estos allanamientos comenzarían a fijarse fechas para las primeras indagatorias a los ex funcionarios.
A pesar de que el ex presidente Macri figura sólo como accionista y no como miembro del directorio de Ausol, se investigará la tenencia de acciones del grupo y su venta a mediados del 2017, cuando habían multiplicado su valor en un 400% gracias a las políticas de beneficio por parte del Estado. Como otro elemento sospechoso, se cuenta la recomendación de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso de que no firmara el decreto que habilitó la renegociación de la concesión de los peajes, que terminó siendo rubricado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, lo que probaría que el mandatario tenía intereses personales en la operación.
