La posibilidad de que el Congreso vuelva a sesionar, en medio de la propagación de casos de coronavirus, es factible para la oposición, que ya anticipó que podría debatir proyectos «de manera virtual». Desde el oficialismo piden cautela, para afinar la forma de trabajar, aunque todavía no han planteado temas concretos.
Desde el equipo de Cristian Ritondo, el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, y ante la consulta de Informe Politico, expresaron que no hay inconvenientes «de sesionar de manera virtual» y que existe acuerdo en el interbloque. Otros diputados de la coalición no muestran inconvenientes pero esperan la convocatoria del Frente de Todos.
El Frente de Izquierda también pretende que el Parlamento trabaje en medio de esta pandemia, algo ya solicitó en las últimas reuniones de presidentes de bloques, y públicamente también. Pese a que no existen definiciones concretas, Nicolás Del Caño insiste «con la realización de una sesión de emergencia. Una sesión nos permitiría conocer en detalle un informe de las autoridades nacionales sobre la crisis sanitaria, y tratar todos los proyectos que hubiere al respecto. Se puede hacer con todos los cuidados del caso, en especial para legisladores y legisladoras que sean población de riesgo».
Precisamente, la cantidad de legisladores considerados población de riesgo de contagio de la enfermedad es muy alta y una fuente parlamentaria del FdT precisó que en una sesión de Diputados «fácilmente hay 1000 personas, entre asesores, trabajadores de la cámara, prensa. Será muy difícil concretar y deberán buscar otra manera».
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Si bien se especula con muchos temas a tratar, Massa dijo que el Congreso tendrá que debatir sobre “alquileres, despidos, impuestos” por ejemplo, desde el entorno de Cristina Kirchner le señalaron a este medio que «por las medidas que se tomaron a nivel nacional y que se están incrementando, no hay temas concretos por tratar».
Por otro lado, una fuente del FdT da cuenta que muchas iniciativas económicas, vinculadas a la emergencia social tras la crisis desatada por el coronavirus, «no podemos sacarlos por DNU, porque es intervenir sobre acuerdos entre privados y corremos el riesgo de que los impugnen ante la Justicia y en este momento de emergencia necesitamos encontrar una solución».
