A horas de que termine formalmente el plazo para que los acreedores de deuda argentina bajo legislación extranjera acepten la propuesta de reestructuración presentada por nuestro país, el ministro de Economía Martín Guzmán insistió con que Argentina se mantiene “abierta al diálogo”. Los escenarios que se abren para las próximas semanas.
A mediados del mes de abril, Argentina ofreció a los tenedores de bonos una propuesta de reestructuración sobre 65 mil millones de dólares de deuda que contemplaba una quita de intereses del orden del 62%, más otro 5% del capital, con un plazo de gracia para comenzar con los pagos de tres años. Grandes grupos de bonistas rechazaron la propuesta, pero las negociaciones continúan abiertas.
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“Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado”, manifestó este viernes Guzmán. Y agregó: “Continuamos trabajando para lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación sostenible y duradera con nuestros acreedores”.
El jueves de esta semana, el ministro de Economía anticipó que no está dispuesto a extender la fecha para que los bonistas puedan aceptar la oferta ni recurrir a otro tipo de maniobras dilatorias, apelando a la crisis de la economía mundial producto de la epidemia de coronavirus, ya que Argentina necesita resolver el tema rápidamente. La única posibilidad para extender las negociaciones sería la presentación de una oferta “razonable” por parte de los acreedores, afirmó.
Más allá de las afirmaciones del ministro, esperables en la pulseada con los bonistas, la mayoría de los analistas esperan una extensión del plazo hasta el 20 de este mes, la fecha en que Argentina debe pagar 503 millones de dólares como intereses de bonos globales para evitar el default.
Con un nivel de adhesión de los acreedores cercano al 60% la propuesta podría considerarse un éxito, pero por el momento este parece el escenario menos probable. Con un nivel de adhesión bajo el Gobierno puede optar por cerrar la renegociación con el sector que haya aceptado y luego analizar una nueva oferta para el resto (en este caso debería mejorar también las condiciones de los que hayan aceptado, por la cláusula RUFO). Otra de las opciones, en principio descartada por Guzmán, es la de un “standstill”, una postergación del pago teniendo en cuenta las circunstancias del mercado internacional sin que implique caer en default. La incógnita sobre la estrategia oficial se develará parcialmente en las próximas horas.
