Juntos por el Cambio emitió un duro comunicado contra Alberto Fernández, acusándolo de «consagrar la impunidad de la corrupción de Cristina Kirchner» tras la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en dos causas contra la vicepresidenta.
«La Oficina Anticorrupción, por orden de la Presidencia de la Nación, se retiró de las causas “Hotesur” y “Sauces” que involucran directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, sin terceros. Ya en diciembre, habíamos marcado que un decreto presidencial llevaba a la OA a la órbita de la Casa Rosada restringiendo mucho más su autonomía», comenzó el texto que difundió la oposición.
Y precisó que fue el propio jefe de Estado quien ordenó «a través de Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y ex titular de la OA durante los gobiernos de Cristina Kirchner-, que la OA se retire de las causas contra la ex Presidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta Cristina Fernández».
«El titular del organismo, Felix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad. Sin aval de los equipos legales, Crous efectuó el pedido presidencial», añadió JxC.
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Para la alianza de partidos, «esto va en sintonía con las gestiones de la vicepresidente para obtener la rápida administración de sus bienes. Lograr la impunidad va acompañado de la posibilidad de volver a administrar sus hoteles, propiedades y millonarias cuentas bancarias que en su momentos fueron intervenidas por la Justicia».
Y observaron que esto «no puede ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción».
Pese a la cuestionamientos que recibió la anterior gestión de la OA, conducida por la militante macrista Laura Alonso, la coalición opositora destacó que «en las querellas de la Oficina Anticorrupción colaboraron con jueces y fiscales con profesionalismo y rigurosidad. Se alcanzaron avances históricos como la condena del ex Vicepresidente Amado Boudou (hoy con detención domiciliaria) y la de Julio de Vido por la tragedia de Once (también con prisión domiciliaria). Además se inició el juicio por la obra pública de Vialidad dirigida a Lázaro Báez que llevó a declarar como procesada a Cristina Kirchner, a principios de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno. Allí, ella sostuvo que la absolvería la historia. Sin embargo, esta decisión demuestra que busca una absolución judicial a través de los buenos oficios de una Oficina Anticorrupción, complaciente con los pedidos de la Casa Rosada».
«En 2015, la Oficina Anticorrupción estaba desmantelada y participaba en investigaciones irrelevantes a pesar de que, por años, la oposición parlamentaria venía denunciando la corrupción de la familia Kirchner y de otros altos funcionarios como Boudou, De Vido y Ricardo Jaime», añaden los partidos.
E insisten en que desde diciembre de 2015 y hasta 2019, «la Oficina Anticorrupción participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex Presidente Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos».
Por último, la oposición remarcó que «esta decisión del gobierno del Presidente Alberto Fernández va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado».
