La legisladora porteña Lucía Cámpora (Frente de Todos) criticó duramente el proyecto oficialista que busca regular las apps y que el último jueves no fue tratado porque no reunió el consenso necesario.
En líneas generales, la iniciativa, que será discutida en la Comisión de Tránsito y Transporte este viernes, apuntaba a regularizar aquellas aplicaciones digitales de delivery y mensajería y a sus trabajadores. Primero, con un registro en el cual los actores involucrados se deberán inscribir; también obligaba a las operadoras digitales y a los repartidores y mensajeros a tener domicilio en el distrito.
Otro artículo del proyecto habla de condiciones de capacitación que deben reunir los repartidores, con cursos que deberán realizar si o si para trabajar, sobre conducta vial y su actividad. Además, no tendrán que contar con infracciones de tránsito. Asimismo, sugiere que las operadoras de las plataformas brinden los elementos de seguridad, como cascos e indumentaria, aunque no están obligadas.
Para Cámpora, en conversación con Informe Político, «el proyecto reúne una serie de requisitos para las plataformas, para que se inscriban en un registro y obtengan una habilitación. Pasa que también impone una serie de cargas sobre los trabajadores, exigiendo que se inscriban en el registro, que compren determinados elementos, que hoy en día significaría una carga más para ellos. Incluso habilita la posibilidad de que los despidan a partir de no tener estos requisitos».
Luego, explicó que «lo más complejo para nosotros es que el proyecto se mete con una cuestión que no es facultad de la Legislatura que es la relación laboral. El proyecto define a las plataformas como operadores que prestan servicios que ofrecen terceros. No estamos de acuerdo ni vamos a estarlo nunca porque tiene que ver con una discusión del Congreso de la Nación. Además, hasta que no haya una regulación específica son trabajadores en relación de dependencia y los ampara la Ley del Contrato de Trabajo. Esta relación es un fraude laboral como un contrato entre socios, que es básicamente el discurso de las empresas. Por eso decimos que es un proyecto a medida de las plataformas y no de los trabajadores».
Consultada por las regulaciones que hoy poseen los empleados, la legisladora indicó que «lo que hoy existe es la Ley del Contrato de Trabajo, que presume un contrato aunque el contrato no lo diga. Las plataformas pueden disfrazar esto con el slogan de ser tu propio jefe, incluso habla de un contrato entre socios, pero acá lo que hay es una relación de dependencia entre trabajadores que prestan su fuerza de trabajo a un jefe. Nosotros entendemos que los ampara la Ley de Contrato de Trabajo mientras se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo un estatuto específico para el sector».
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Detalló además que «hoy los trabajadores tienen derechos que no están garantizados: licencias, obra social, el seguro de accidentes de trabajo, indemnización por despido». Y anticipó que si el oficialismo pretende contar el apoyo del espacio opositor «tendrían que reformular toda la ley, para que no se profundice ni legitime la precarización y el fraude laboral. Podría tranquilamente trabajarse en un registro para las plataformas, para que cumplan los mismos requisitos de una empresa de mensajería sin tener que meterse en la definición de la relación laboral».
Por otro lado, la joven diputada señaló que existe «mucha preocupación en los trabajadores, por este proyecto y porque esto es una reforma a una ley que ya existe y que en su momento fue discutida y consensuada entre los actores. Hay un apuro que atenta contra el debate».
