Se reactivó la causa que investiga el subsidio irregular para 130 mil desocupados aprobado por el Ministerio de Trabajo durante el último tramo de la administración del ex presidente Mauricio Macri, que comenzó a distribuirse una semana antes de la elección presidencial de 2019 y que según múltiples denuncias habría sido utilizado para pagarle a fiscales de Juntos por el Cambio un bono de 5 mil pesos.
En estos días el fiscal a cargo de la causa que tramita en manos de la jueza María Romilda Servini, Jorge Di Lello, recibió desde la cartera laboral el padrón de beneficiarios de la provincia de Formosa (uno de los ejes de las denuncias sobre el desvío de fondos) para compararlo con la nómina de las autoridades de mesa que fiscalizaron en nombre del oficialismo de entonces. Según denuncias, más de la mitad de los fiscales electorales cambiemitas habrían cobrado el subsidio.
La causa se inició en el mes de septiembre del año pasado, inmediatamente después de que el Poder Ejecutivo confirmara su intención de otorgar por única vez un subsidio de 5 mil pesos para más de 100 mil desocupados a nivel nacional. La cartera laboral, ya unificada con el Ministerio de Producción a cargo de Dante Sica, recibió un presupuesto de 650 millones de pesos que debían ser destinados a sectores vulnerables pero que, según numerosas denuncias judiciales, se utilizaron para pagarle a fiscales del macrismo. El responsable de la Secretaría de Empleo, desde la que se canalizó el presupuesto, era Fernándo Prémoli, que lo destinó a 130 mil beneficios sin que la inscripción para el subsidio fuera confirmada en el Boletín Oficial o se habilitara en algún organismo público.
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El apoderado del Frente de Todos Martín Landau realizó entonces una denuncia judicial ante la jueza Servini, por posible violación del artículo 139 del Código Electoral (posible compra de votos), ante lo que la magistrada inmediatamente dispuso frenar el pago del subsidio, pocos días antes de las elecciones de octubre. Pero buena parte de los fondos ya se habían distribuido.
El expediente estuvo paralizado primero por la feria judicial de verano y luego por el receso derivado de la epidemia de coronavirus, pero la semana pasada las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo le entregaron a Di Lello la nómina completa de los beneficiarios que lograron cobrar el plan, que será cruzada con las autoridades electorales de Formosa.
Ya se encuentran imputados en la causa los ex ministros Sica (Producción) y Ricardo Buryaile (Agroindustria), que entonces era candidato a diputado nacional por Cambiemos en Formosa, el secretario Prémoli, el actual intendente de San Antonio de Areco Francisco Ratto y el ex candidato a jefe comunal de Roque Pérez Juan María Cravero (ambos denunciados como gestores de un subsidio cuyo trámite no les correspondía). En la provincia de Formosa están imputados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.
