Este miércoles la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula del organismo durante la gestión nacional de Cambiemos por presuntas irregularidades en compras y contrataciones, con implicaron un perjuicio millonario para el Estado nacional.
Según detalló, las irregularidades detectadas implican un monto de algo más de tres millones de pesos y 650 mil dólares en cuatro hechos investigados. La nueva denuncia contra la AFI conducida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quedó en manos del juez Luis Rodríguez, con la investigación de la fiscal Alejandra Mángano.
La presentación de Caamaño denuncia: “Esta suma exorbitante egresó de las arcas de la Administración Pública ilegítimamente, sin ningún criterio de necesidad, urgencia, razonabilidad ni trasparencia en las contrataciones de bienes y servicios, sin cumplir con las normas que regulan las compras del Estado, ni justificar las excepciones de carácter restrictivo de contratación directa y además situada en el marco de una crisis económica en la que la propia administración sumergía a nuestro país”.
Los cuatro hechos irregulares, descubiertos por auditorías internas ordenadas por Caamaño, se ejecutaron en el marco de la vigencia del Decreto 656, dictado en mayo de 2016, que estableció el carácter secreto del presupuesto para la AFI. El primer caso es por la contratación directa para adquirir equipos técnicos para un Laboratorio de Informática Forense de la Agencia que debía realizar un peritaje judicial para el que nunca se encontró el oficio correspondiente, por un total de $2.260.000 y USD 64.505. “La pericia referida, si es que realmente existió, la podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la justicia, tal como ocurre en la práctica”, amplía la denuncia.
Otro hecho fue por la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos realizado en Bariloche del 27 al 29 de septiembre de 2017, que implicó contrataciones directas en distintos rubros sin justificación e incluso con pagos duplicados. En este caso se denuncia una erogación “directa y desproporcionada” de USD 157.563,93 por habitaciones en el Llao Llao y otros $828.555 en gastos diversos. Un tercer hecho es por la contratación directa de una firma mexicana para un programa de entrenamiento en poligrafía para 12 profesionales (práctica que luego fue prohibida por la nueva gestión) por la que se pagaron USD 50.000, tras una solicitud de compra emitida 18 días después de la orden de compra, “inversamente a lo que sucede en el tiempo y violando manifiestamente la ley”.
Finalmente, se incluyen equipamientos para la red de comunicaciones de la AFI, también con contratación directa en dólares, por la que se terminaron adquiriendo equipos de la empresa “Corporate Corp S.A” por USD 42.291,93 y luego otros USD 343.392,39. “Ningún acto cumplió con las normas de contratación, como tampoco se consigue apreciar, por más esfuerzo, una utilización racional de los recursos públicos mediante la elección de la oferta más conveniente”, se detalla.
Además de las distintas medidas de prueba, la denuncia pide se cite a prestar declaración indagatoria a Arribas, Majdalani y al ex presidente Mauricio Macri,, además de a los ex directores de Gestión Económica y Financiera, de Servicios y Soporte Técnico, de Ciberinteligencia, de Tecnología de la Información, de Inteligencia Exterior y de Análisis de la AFI.
